Escandaloso fallo: Liberan a un asistente escolar acusado de corrupción de menores tras imponerle fianza de 100 millones de pesos

La Cámara de Apelaciones de Rosario revocó la prisión preventiva que pesaba sobre el asistente escolar M.R que estaba imputado en una causa por corrupción de menores y dispuso su excarcelación bajo estrictas condiciones.

El hombre está acusado de mantener conversaciones inapropiadas con alumnos de la Escuela República de Colombia N° 1085, y la Justicia determinó que deberá pagar una caución de 100 millones de pesos y la prohibición de circular a la ciudad de Fray Luis Beltrán o contactar a las víctimas y sus familias.

Prisión preventiva para portero de escuela en Fray Luis Beltrán por abuso sexual y corrupción de Menores

La resolución fue adoptada el pasado jueves 12 de marzo por el juez de segunda instancia Miguel Moreno, en una audiencia de apelación donde se revisó la situación del imputado, identificado como M.R., quien permanecía detenido desde noviembre de 2025. El magistrado mantuvo la calificación legal de los hechos, pero consideró que podía continuar el proceso en libertad, aunque con medidas alternativas.

El caso generó conmoción en la localidad cuando el portero fue detenido tras una denuncia por mantener conversaciones de índole sexual con alumnos de sexto y séptimo grado. En aquel momento, padres y familiares se congregaron frente a la Comisaría 4ª para reclamar justicia.

La fiscal Victoria Vigna, del Ministerio Público de la Acusación, había imputado al acusado los delitos de corrupción de menores agravada por ser las víctimas menores de 13 años, en concurso real con abuso sexual simple. Durante la audiencia imputativa, el juez de primera instancia, Carlos Gazza, reformuló la calificación a tentativa de corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, en concurso real con abuso sexual simple, y dispuso la prisión preventiva. La defensa había solicitado en esa primera audiencia la libertad de Martín R con el pago de 30 millones de pesos a través de dos automóviles, que fueron rechazados por el juez.

La fiscal Dra. Victoria Vigna sostuvo la acusación y detalló que al imputado se le atribuye haber promovido la corrupción de seis menores de entre 11 y 12 años, exhibiéndoles material pornográfico e instruyéndoles sobre prácticas sexuales inapropiadas para su edad. Asimismo, se le imputa un hecho concreto de abuso sexual simple mediante tocaciones a un alumno de 11 años.

Al fundamentar su requerimiento de prisión preventiva, la Dra. Vigna destacó la gravedad de los hechos y el contexto en que se desarrollaron. “Dejemos en claro que estos delitos sucedieron todos en la misma escuela, y que fueron cometidos por una persona que era portero de la institución, con la gravedad que se implica”, afirmó la Fiscal en dicha audiencia.

Según la investigación, los hechos involucran a seis menores de entre 11 y 12 años, todos alumnos de la institución educativa donde el imputado se desempeñaba como portero desde marzo de 2025.

“Los hechos atribuidos consistieron, en que se exhibió una vista que tenía contenido pornográfico, y a su vez también les había explicado y les había enseñado a realizar y realizarse prácticas sexuales que no son apropiadas para la edad de los niños y niñas que tienen entre 11 y 12 años de edad. Además de un abuso sexual simple que consistió en un tocamiento a uno de los alumnos que tiene 11 años de edad”, explicó la fiscal.

En la audiencia de apelación, la Fiscalía se opuso al pedido de la defensa de revocar la prisión preventiva. No obstante, el juez Moreno resolvió mantener la calificación legal, pero modificar la medida cautelar, imponiendo una serie de restricciones.

Entre las condiciones más relevantes se encuentra la prohibición de regresar a la ciudad de Fray Luis Beltrán, así como de contactar por cualquier medio a los niños involucrados, a las autoridades del colegio, a las familias de los menores o a los docentes vinculados a la investigación.

Además, el imputado deberá constituir una caución real o personal de 100 millones de pesos, presentarse ante autoridad judicial, entregar su pasaporte y abstenerse de salir del país. También deberá residir en el domicilio declarado, someterse al cuidado de dos familiares que informarán cualquier incumplimiento y realizar un tratamiento psicológico vinculado a los hechos, acreditando su asistencia con certificados profesionales.