Adrián Del Greco quedó en prisión preventiva por 30 días por seis hechos de estafas que le imputó el fiscal Leandro Lucente. Lo insólito de la audiencia imputativa es que el dueño de la concesionaria OCP no tiene ningún bien a su nombre y no pudieron fijar una fianza.

“Canchero y con labia”, así lo definió a Del Greco, uno de los seis damnificados estafas, quien quedó en prisión preventiva por 30 días. Tenía un mismo modus operandi, las personas se acercaban a la concecionaria OCP ubicada en avenida San Martín al 500 con el objetivo de comprar un 0km; realizaban una entrega de dinero con la promesa de retirar el auto cuando entregaran uno usado; pero el negocio nunca se realizaba y el dueño se quedaba con el monto entregado.

El fiscal Lucente enumeró seis hechos de estafa con la misma modalidad: Adrián Rodríguez; donde el 20 agosto 2022 Del Greco abusó de su confianza y aparentando un giro comercial indujo bajo la promesa de recibir una Pick up Amarok año 2022, por la que entregó en efectivo 3 millones y promesa de entregar su camioneta Amarok del año 2012 al momento de la entrega de la unidad, la cual Del greco prometió efectivizar en febrero de 2022. Le envió fotografías de la misma, pero nunca se la entregó, y el acusado se quedó con la suma de dinero pese a los multiples reclamos de Rodríguez, para que le devuelva la suma de dinero o la camioneta, ypero este contestaba con falacias.

Con Luis Fontana ocurrió lo mismo. El hombre entregó $1,5 millones el 29 agosto 2022 con la promesa de adquirir de un automóvil Citroën Cactus, más la entrega de un Renault Capture propiedad de Fontana, con la promesa de obtener el 0k a los 60 dias, pero el imputado nunca le entregó el vehículo a la víctima pese a los multiples reclamos.

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El 31 de julio de 2023 Adrian Pavani, quiso comprar una camioneta Volkswagen Polo Confortline. Entregó 15 mil dólares y 100 mil pesos para patentamiento, y la promesa de entrega de Chevrolet Cruze del año 2017. Al momento de la entrega que iba a ocurrir en agosto de 2023, nunca se dio, porque Del Greco se quedó con el dinero, y nunca le entregó el rodado.

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El 18 julio de 2024 Edgardo Vesteti, intentó adquirir una Volkswagen Polo Track cinco puertas 2024. La victima transfirió 1 millon de pesos y otros 7 millones que entrego en julio en efectivo más la entrega de un Chevrolet Ónix , y el acusado se comprometió que en agosto de 2024, le iba a entregar el rodado pero se descubrió que la misma estaba asignada a otra persona, ya que Del Greco nunca requirió a la empresa la unidad.

Se supo además que Del Greco tenía cortado el crédito con la empresa Volkswagen por irregularidades.

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EL 28 agosto 2024 Francisco Sacutti realizó un contrato de compraventa de un Volkswagen Confortline, de la que hizo entrega 10 millones en efectivo que le dio en ese momento más la entrega de un vehículo.

El dueño de OCP se comprometió a entregar a la brevedad, y fue prometiendo distintas fechas quedándose con el dinero del comprador.

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El 16 noviembre 2024 Joaquin Lucero entregó 12 mil dólares y un automóvil Peugeot para la adquisición de una Volkswagen Polo donde el acusado le prometió la entrega a los 15 dias, y luego se supo que nunca requirió a la empresa la remisión de la unidad. Nunca le dio el vehiculo o el dinero.

Una defensa insólita

El acusado quiso tomar la palabra ante la jueza e intentó realizar una explicación ante la jueza, señalando que en todos los casos intentó llegar a un acuerdo pero que los clientes no quisieron continuar, ni tampoco se volvieron a comunicar.

En el caso de uno de los estafados, Del Greco dijo que acordó la entrega de un vehículo usado, que no realizó, en otro de los damnifecados, señaló que le pagó dos cuotas pero nunca abonó una tercera, pero que en la mayoría de los casos, el error estuvo en los clientes que nunca entregaron el automóvil usado y que por ello no se pudo concretar la operación. Lo que no dijo, es que la operación era una contraentrega, y que las víctimas nunca recibieron el rodado adquirido. En otros de los casos, el acusado dijo que a él no lo llamaron más, ni se contactaron los abogados para arribar a un acuerdo.

“La voluntad de pago la tenemos pero si estoy detenido no puedo trabajar y solventar para abonar lo que el cliente, no puedo hacerlo. La intención nunca es el perjuicio pero si estoy preso no puedo devolver el dinero, yo al estar detenido no tengo acceso a nada, son operaciones que no se concretaron”, se excusó.

“Y hay gente que arregló. De parte mía siempre hay buena voluntad, hay negocios que se concretan y otras no, porque no hay mala intención nuestra, sino que a veces la gente no entregaba los usados”, siguió.

“Creo que es llegar al acuerdo con cada uno de ellos para llegar al arreglo correspondiente. Mi negocio no tiene empleados, soy yo el que tiene que estar trabajando, si estoy detenido no puedo hacer nada”, reiteró.

Ante las preguntas del fiscal Lucente, Del Greco aseguró que se contactó con las concesionarias para que se entreguen los vehículos, pero el funcionario del Ministerio Público informó a la jueza que el acusado, nunca hizo las gestiones ante las concesionarias.

También dijo el fiscal que los montos de estafas superan los 50 mil dólares o 60 millones de pesos tomando al tipo de cambio actual y que las victimas acompañaron con documentación.

Que además Del Greco tiene cheques rechazados por 6 millones de pesos, “no tiene un solo bien a su nombre”, aseveró.

“Hay una cuestión que siguió continuando con los despojos, porque siguió con el mismo modus operandi, siguió operando, a través de una concesionaria que sirvió como fachada y nunca se iban a poder concretarlos negocios porque nunca hubo voluntad de pago ni de la entrega del vehículo”, expresó Lucente.

El abogado defensor Pablo Salvatori dijo que “cada una de estas personas ha omitido la acción civil previo a la acción penal, que va en contra de este principio, el derecho penal al ser la mas gravosa, porque los clientes no tienen ganas de realizar el seguimiento de años del caso”

Solicitó la inmediata libertad, ” hace 23 años que ejerce el comercio, en la fecha de los hechos, estos tienen que ver con dificultades económicas durante ese período”, indicó Salvatori.

Al momento de ofrecer una caución ( fianza), solicitaron un cuarto intermedio para que el letrado y el imputado puedan ofrecer bienes como garantía, pero transcurrido el tiempo, no pudieron explicar ni con qué bienes, ni qué garantes, ni la valuación de los mismos, por lo que la jueza Strólogo no dio lugar al pedido de la Defensa y ordenó 30 días de prisión preventiva, con inhibición general de los bienes hasta el 27 de mayo.

“Las causas por defraudación que han quedado formalizadas y de acuerdo a lo que dijo el fiscal existen mas denuncias sobre esto. La primera denuncia remite de 15 diciembre 2023 por un hecho de agosto del 2022 pero los hechos continuaron hasta el 2024”, expresó la jueza Strólogo.

“Hoy el sistema penal cobra relevancia donde ha incorporado a las víctimas. Las victimas son parte del sistema y deben ser respetadas. No porque se supla o se desplace sino porque fue argumentado como intentos de mediación previa, se estableció el sistema penal porque se dijo no tener ganas de las víctimas de ir a la parte civil”, continuó la magistrada.

“Pero acá hay acopio de evidencia; no hay dudas que hay seis hechos incluso por las propias argumentaciones del imputado no tengan que ver con el tema civil, tiene que ver con ardid y engaño hacia las víctimas. Hay victimas recurrentes, reiterados hechos donde se toma dinero y no se cumple. Ni siquiera se habían requerido los automóviles”, consideró Strólogo.

“Si en el 2022 ya había un problema económico, hay posteriores y ( enumera las fechas), la respuesta del desfasje económico parece poco serio, pero desde la conducta del imputado, se siguió con la misma operatoria sino anómala y delecitiva con apariencia fuerte de responsabilidad. Dispusieron económicamente dinero que a partir de 2022 comenzaron  a tomar el dinero de la gente y no se devolvió ni la plata ni el vehiculo”, agregó la jueza.

Del Greco podrá solicitar una audiencia de revisión de la medida cautelar antes del 27 de junio si propone un ofrecimiento claro que neutralice los riesgos procesales de tutela judicial de forma inmediata.