Este sábado se lleva a cabo la tercera jornada por asociación ilícita y administración fraudulenta que tiene a directivos y ex directivos de Vicentin imputados. Luego de las imputaciones realizadas por los fiscales de Delitos Complejos, será el turno de las Defensas.

Ayer los fiscales Narvaja y Moreno solicitaron 120 días de prisión preventiva con prórroga automática, para los ex directivos de Vicentin Omar Scarel, Alberto Macua, Daniel Buyatti y Roberto Gazze, acusados de ser los jefes de una asociación ilícita integrada también por otros 15 miembros. Para doce de ellos solicitaron la prohibición ejercer cargos e intervenir de manera directa o indirecta en asuntos que tengan que ver con Vicentin y las empresas vinculadas. A los tres restantes, que forman parte de la actual conducción de la cerealera defaulteada, se les impedirá el contacto con el resto, en caso de la solicitud del Ministerio Público sea aceptada por los jueces. También solicitaron fianzas de entre u$s 10 millones y u$s 15 millones.

Las medidas cautelares pedidas por los fiscales, y respaldadas por los querellantes, se apoyan en el convencimiento de que los detenidos siguieron manejando los hilos de la cerealera, en combinación con los que los reemplazaron. Y que, en ese marco, siguieron afectando el patrimonio de la compañía a través de distintas maniobras.

Con esta premisa, la audiencia se reanudó el viernes con el pedido de prisión preventiva para los cuatro ejecutivos considerados jefes de la asociación ilícita, por 120 días prorrogables automáticamente. Para un segundo grupo, integrado por Máximo y Cristian Padoan; Martín Colombo Boschi; Sergio, Pedro y Roberto Vicentin, Yanina Boschi; Javier Gazze; Miguel Vallaza; Diego Boschi; Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia, pidieron fianzas. Para la mayoría, de u$s 10 millones. Para Máximo Padoan y Javier Gazze, de u$s 15 millones.

En todos los casos, los fiscales solicitaron que a los acusados se les imponga una suerte de “perimetral” sobre la empresa concursada y sus vinculadas. Entre ellas, Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda, Terminal Puerto Rosario (TPR), Sottano, Sir Cotton y Friar, Playa Puerto, Río del Norte, Vicentin Desarrollos, Renova, Vicentin Paraguay, Vicentin Europa, Migasa Soya, Emulgrain Europa, Tastil, Diferol, Renopack, Biogas Avellaneda, Buyanor, Alimentos Refrigerados, Patagonia Bioenergía, Nacadie comercial, Vicentin Paraguay e Industria Agroalimentaria Latam.

El objetivo es prohibirles la permanencia en cualquiera de esas sociedades, el contacto con cualquiera de las personas que estén ejerciendo dentro de los órganos de gobierno, administración y control de vigilancia, y cualquier tipo de injerencia o intervención formal o informal. Tampoco podrían, de dictarse las medidas, ocupar cargos. Ni siquiera podrán “interesarse” en esos asuntos. Deberán limitar su posibilidad de interacción con esas sociedades a la participación en las asambleas, a través de mandatarios previamente informados a la Oficina de Gestión Judicial.

Un tercer grupo bajo pedido cautelar es el que integran Daniel Foschiatti, Estanislao Bougain y Carlos Sartor, actuales directivos de la empresa, quienes no solo no podrían tener contacto con los otros imputados sino que deberían velar para que no violen las prohibiciones de acercamiento, en caso de que se avale la solicitud del MPA.

Los tres fueron incluidos en esta vuelta, en la denuncia por asociación ilícita, junto a Persoglia, Dimas Padoan y Diego Boschi.

EJECUTIVOS DE VICENTIN QUE SE AUTODESPIDEN CON MILLONARIAS CIFRAS

Según el primer informe presentado al juez Fabián Lorenzini por los nuevos veedores del concurso, los principales ejecutivos de Vicentín se autodespidieron embolsando $1.960 millones de pesos.

Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg fueron designados veedores tras denuncias gremiales sobre problemas de caja y un posible vaciamiento después de la intervención judicial (finalizada en agosto de 2024). Los veedores, que eran exinterventores, detectaron este retiro de fondos mientras la empresa no puede pagar sueldos y tiene plantas paradas. Los ejecutivos, responsables del mayor default en la historia del mercado de granos, solicitaron un ajuste por falta de liquidez, pero se retiraron con casi $2.000 millones.

Este dato coincide con la imputación de los directivos por fiscales, quienes los acusan de usar casi $1.000 millones de la caja de Vicentín para gastos personales y solicitaron prisión preventiva por 120 días para los cuatro líderes de la presunta asociación ilícita. Un tribunal de jueces definirá la situación tras un cuarto intermedio hasta el sábado.

El informe de los veedores también señala deudas por servicios y honorarios profesionales que, dada la situación de la empresa, deberían ser revisados.

El informe especifica que “la empresa ha celebrado acuerdos de desvinculación laboral por un monto de 1.944.854.115,19”, detallando las sumas acordadas para los principales ejecutivos al frente de la empresa al momento del default. La sospecha radica en que estas bajas se produjeron inmediatamente después de finalizada la intervención judicial en agosto de 2024. Los datos detallados se encuentran en un cuadro publicado por los veedores.

Con información de La Capital, Rosario 3 y Pregón