Mientras a los trabajadores de Vicentin les decían que no había caja para pagar los sueldos, directivos y ex directivos habían sacado $952.655.044 para gastos personales.

En dos jornadas,que comenzaron el jueves, en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario comenzó la audiencia donde los Fiscales Dres. Miguel Moreno y Sebastián R. Narvaja, Fiscales del Área de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2, imputaron a directivos y ex directivos de Vicentin les imputaron nuevos delitos graves que tienen que ver con el vaciamiento de la caja de la firma para gastos personales como los abogados que los representan.

Según el MPA, la asociación ilícita tiene como jefes a Daniel Nestor Buyatti; Alberto Julián Macua; Omar Adolfo Scarel y Roberto Alejandro Gazze. El resto de los imputados son partícipes y miembros (y beneficiarios) de esa organización.

Estos son: Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Bosch, Javier Fernando Gazze, Miguel Victor Vallaza, Carlos Alecio Sartor, Daniel Oreste Foschiatti, Fernando Estanislao Bougain, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia.

“Se les imputa continuar manipulando las decisiones de gestión y gobierno de VICENTIN SAIC y del conjunto de personas jurídicas que integran el grupo empresario (entre otras, Sir Cotton SA, Oleaginosa San Lorenzo SA, Algodonera Avellaneda SA y Sottano SA), con el objeto de obtener beneficios económicos ilegítimos en provecho propio y en perjuicio de las propias entidades societarias, así como de sus acreedores legítimos —entre ellos, proveedores, clientes y trabajadores”, dice la imputación de los fiscales.

“Entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de las maniobras de administración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $952.655.044″, señala la imputación que tuvo como principal autor al fiscal Sebastián Narvaja.

Según la Fiscalía, se utilizaban fondos de la empresa para pagar los honorarios de abogados penalistas que, en teoría, deberían haber financiado de su propio bolsillo, ya que estos letrados no representan a la firma y las acusaciones penales son personales. Los abogados responsables de las millonarias facturas son Jorge Ilarrescondo, Daniel Cuenca y Joaquín Amor; todos actuando como defensores de los directivos de Vicentín a título personal. Narvaja demostró que ninguno de los tres está registrado como abogado de las empresas y que no realizaron gestiones a favor de ellas, a pesar de haber facturado sumas exorbitantes a compañías del holding, como Algodonera Avellaneda y Sir Cotton.

Además, los fiscales indicaron que se emplearon fondos de las empresas del grupo para costear un seguro de caución necesario para evitar detenciones tras ser imputados por la supuesta estafa, que consistía en recibir granos y obtener créditos sabiendo que no se pagarían. En total, se usaron $40.751.243 de la empresa para cubrir una fianza personal. Tras la imputación, los abogados defensores se quejaron abiertamente, incluso considerando iniciar acciones judiciales por lo que consideran una violación de la privacidad de la relación abogado-cliente. Hilarrescondo, quien reconoció haber enviado dichas facturas, solicitó que no se divulgaran los datos.

La Fiscalía subrayó que no es inusual que el grupo de familias que siempre ha controlado la empresa confunda el patrimonio del holding con el personal. Según el fiscal Sebastián Narvaja, la estructura financiera de las firmas del grupo Vicentín ha estado marcada por la confusión y la superposición entre vehículos societarios, dificultando la identificación clara de los límites patrimoniales y funcionales de las diferentes sociedades, lo que facilitó las maniobras criminales atribuidas a la asociación ilícita.

Lo que agrava la situación, según los fiscales, es que los directivos al mando durante el default —quienes anunciaron su renuncia tras la crisis— continuaron operando desde las sombras, como lo evidencian correos electrónicos en los que aprobaron pagos, vaciando las arcas de la agroexportadora. Debido a este riesgo para la estabilidad financiera de la empresa, los cuatro ejecutivos identificados como líderes han sido detenidos, y la Fiscalía solicitará a la Justicia que se les mantenga en prisión preventiva, con una decisión sobre su situación procesal prevista para este mediodía.

Cabe mencionar que la totalidad de los pagos de VICENTIN SAIC se concentró en el segundo semestre de 2024, coincidiendo con el fin del control ejercido por la veeduría designada por el juez del concurso, un aspecto relevante en el análisis del patrón de disposición ilegítima de fondos, según la acusación.

En octubre de 2020, Omar Scarel, que había sido síndico, fue nombrado Presidente, mientras que Daniel Foschiatti se convirtió en Vicepresidente y Estanislao Bougain asumió como Director. Este cambio en la dirección fue presentado como un intento de la empresa, dominada por una estructura de asociación ilícita, de transferir el liderazgo y la gestión de VICENTIN SAIC y del grupo a un equipo con mayor independencia, que pudiera generar expectativas de recuperación económica en el marco del concurso preventivo entre sus miembros. Foschiatti, Sartor y Bougain ingresaron a la estructura societaria en un contexto donde las reglas operativas ya estaban definidas por la cúpula de la asociación. En la práctica, el control de VICENTIN SAIC y del grupo continuó en manos de Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Alberto Macua y Omar Scarel, con la participación de otros miembros de la organización, según sus roles en el esquema. Así, los nuevos miembros del órgano de administración asumieron un papel legalmente válido, pero operaban bajo una función ilícita al estar subordinados a la estructura de control de la asociación, sostienen los fiscales.

Además, los integrantes de la asociación ilícita ocuparon cargos de gobierno en otras empresas del grupo económico, las cuales fueron utilizadas indebidamente para fines criminales, como desviar fondos del grupo en beneficio propio, mantener el control dentro de la estructura de VICENTIN y garantizar la impunidad de sus miembros, destaca el documento del MPA. Según la imputación, estas acciones utilizaron las formas y estructuras societarias como meras herramientas para lograr objetivos ilegales, violando la ley y los principios de buena fe en la gestión empresarial, afectando los derechos de terceros. Estas maniobras fueron ideadas y ejecutadas por la cúpula de la organización criminal, con la participación de miembros de los órganos de administración de las empresas defraudadas, bajo lealtades y sometimientos.

Las acciones resultaron en la ocultación, directa e indirectamente, del patrimonio de las empresas, que constituye una garantía para los acreedores del concurso preventivo de Vicentin S.A.I.C (Expte. N° 21-25023953-7). Esta infidelidad causó perjuicios económicos directos a los patrimonios de dichas empresas y, de manera indirecta, afectó a los trabajadores y acreedores del grupo VICENTIN, según el informe de la Fiscalía.

Desde septiembre de 2020 hasta finales de 2024, la asociación ilícita, que mantuvo el control de las decisiones en el grupo VICENTIN, llevó a cabo maniobras para utilizar fondos de diversas sociedades del grupo para cubrir gastos legales de defensa penal de sus miembros en causas que los afectan ante la justicia de Santa Fe, afirmaron los fiscales. Los abogados designados para representar a los involucrados fueron los Dres. Jorge Marcelo Ilharrescondo y Juan Francisco Lafontana. En lugar de pagar esos gastos con sus propios recursos, los imputados organizaron maniobras para que tales costos fueran cubiertos indebidamente con fondos de VICENTIN SAIC y otras empresas del grupo. Al valerse del control que ejercían, buscaron proteger sus posiciones y fortalecer su estrategia judicial, evitando asumir personalmente los gastos de su defensa penal, trasladándolos al patrimonio de las sociedades que controlaban.

En resumen, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024, las empresas Oleaginosa San Lorenzo S.A., Algodonera Avellaneda S.A., Sir Cotton S.A. y Vicentin S.A.I.C. realizaron pagos por un total de 952.655.044 a favor de Alberto Macua, Omar Scarel, Máximo Javier Padoán, Cristian Andrés Padoán y Roberto Alejandro Gazze para cubrir gastos judiciales.

Salida de fondos: Los detalles de cómo se distribuyeron esos fondos son los siguientes:

• Vicentín SAIC: Se destinaron $849.996,18 a honorarios del Dr. Jorge Ilharrescondo entre agosto y octubre de 2020. Además, se destinaron $9.896.000 para el pago de honorarios del Dr. Ghío entre agosto y diciembre de 2024.
• Oleaginosa San Lorenzo: Utilización ilegítima de $148.952.976 para cubrir honorarios de servicios legales de los abogados mencionados.
• Sir Cotton: $45.326.163 destinados a honorarios legales.
• Sottano S.A.: $130.730.905 para cubrir servicios similares.

Adicionalmente, se identificó el uso ilegítimo de fondos de Oleaginosa San Lorenzo S.A. y Sir Cotton S.A. para pagar honorarios de recursos humanos de VICENTIN SAIC, a pesar de que Sir Cotton no tiene personal y Oleaginosa Moreno trasladó su personal a VICENTIN SAIC. Se emitieron órdenes de pago a favor de Carlos Iglesias, quien recibió $83.010.735, de los cuales el 82.40% provino de Oleaginosa San Lorenzo, el 15.37% de Sir Cotton S.A., y el 2.23% de VICENTIN SAIC. También se descubrieron gastos menores, como pagos a un periodista agropecuario que, tras recibir $65.007 de Algodonera Avellaneda, comenzó a publicar contenido favorable a la empresa.