La Cámara Argentina de la Indumentaria busca una ley y replicar el modelo francés para regular las compras en plataformas extranjeras y proteger la producción nacional. El sector denuncia caídas en ventas y un fuerte aumento de las importaciones.

La industria textil argentina avanza con un proyecto de ley para poner un freno al crecimiento de las importaciones de ropa a través de plataformas extranjeras como Shein y Temu. La iniciativa, impulsada por la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI), apunta a reforzar los controles sobre las compras puerta a puerta y se inspira en una normativa aprobada recientemente en Francia.

Ventas en caída y auge de las compras externas

Según datos de la Fundación ProTejer, cinco de cada diez empresas del rubro registraron una caída en sus ventas entre abril y junio de 2025. El retroceso equivale a un 7% respecto de 2024 y a un 28% en comparación con 2023.
El fenómeno se explica por la pérdida del poder adquisitivo, la falta de precios competitivos y la apertura del comercio exterior, que empujan a los consumidores a buscar ofertas en el exterior.

Un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) reveló que el 55% de los encuestados compra fuera del país por los precios más bajos, mientras que un 40% lo hace por la mayor variedad. En paralelo, ProTejer advirtió que las importaciones textiles crecieron un 101% interanual, alcanzando 189.819 toneladas entre enero y junio de 2025.

Un modelo basado en Francia

El proyecto argentino busca apoyo político y sectorial para impulsar la ley y contempla medidas similares a las adoptadas en Francia:

• Tasas ecológicas progresivas por prenda.
• Prohibición de publicidad de la moda ultrarrápida.
• Sanciones por incumplimientos ambientales.

Claudio Drescher, presidente de la CIAI, confirmó que el objetivo es avanzar con un proyecto de ley “anti Shein” que permita equilibrar la competencia con la producción local.

Impacto ambiental y laboral en debate

Entre los fundamentos de la propuesta de ley se destaca el aumento del 23% en la emisión de dióxido de carbono por parte de estas plataformas —26 millones de toneladas en un año—, el uso predominante de poliéster (76% de las prendas), la contaminación del agua por químicos textiles y las malas calificaciones en auditorías laborales (70% de sus proveedores).

Con este panorama, el sector textil argentino busca que la futura ley funcione como un dique de contención frente al avance de la moda ultrarrápida y permita darle oxígeno a la producción nacional.