Más problemas para Vicentin. Los jueces consideraron que el recurso no cumplía con los requisitos para ser elevado a la Corte Suprema de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe denegó hoy el recurso extraordinario presentado por Vicentin S.A.I.C., en el marco de su concurso preventivo, dejando sin efecto su intento de apelar ante la Corte Suprema de la Nación. La decisión mantiene en vilo a la empresa agroindustrial, que enfrenta riesgos operativos y financieros, incluyendo la posible pérdida de 1.200 puestos de trabajo directos.

El conflicto judicial se originó tras una sentencia del 18 de febrero de 2025, en la que la Corte santafesina anuló un acuerdo con acreedores y ordenó que el caso fuera revisado por otro tribunal. Vicentin argumentó que esta decisión generaría un daño irreversible, ya que la demora judicial afectaría su capacidad de procesamiento de granos, contratos con proveedores y estabilidad laboral.

La empresa también alegó “gravedad institucional”, señalando su impacto en la economía regional y nacional, con miles de empleos indirectos en juego y más de 1.600 acreedores afectados. Incluso mencionó que el Gobierno nacional había intervenido la compañía mediante un decreto de necesidad y urgencia, reflejando su importancia estratégica.

La respuesta de la Corte: Falta de requisitos formales

Sin embargo, los jueces consideraron que el recurso no cumplía con los requisitos para ser elevado a la Corte Suprema de la Nación. Según el fallo, la sentencia impugnada no era “definitiva”, ya que solo ordenaba una nueva revisión del caso, y los supuestos agravios económicos no estaban suficientemente probados.

“La mera invocación de un perjuicio irreparable no basta para habilitar el recurso extraordinario”, señaló el tribunal, añadiendo que Vicentin no demostró por qué no podría repararse el daño en una instancia posterior.

La resolución aumenta la presión sobre Vicentin, que ya enfrentaba una caída del 40% en la recepción de girasol y paradas técnicas en sus plantas por falta de financiamiento. La compañía advirtió que, de no resolverse pronto su situación judicial, podría verse forzada a cerrar operaciones en mayo, meses antes de lo habitual.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen un estado de alerta ante la posibilidad de despidos, y los acreedores siguen a la espera de un acuerdo que les permita recuperar al menos parte de sus créditos.

Con esta puerta cerrada, Vicentin deberá esperar la nueva sentencia del tribunal subrogante. Si el fallo le es desfavorable, podría intentar otras vías legales, pero el tiempo se agota para la histórica agroexportadora.

La incertidumbre judicial, sumada a la crisis financiera, deja en suspenso no solo el futuro de Vicentin, sino también el de toda una cadena productiva que depende de su supervivencia.