La Corte Suprema de Justicia resolvió este martes en una votación dividida a favor de que la Legislatura evalúe las conductas de los fiscales y defensores e incluso poder destituirlos. La Fiscalía de Estado había ido en queja

Por cuatro votos a dos los ministros de la Corte que estuvieron a favor fueron Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuller y Roberto Falistocco. Mientras que quienes votaron en contra fueron Mario Netri y Daniel Erbetta. La resolución le otorga potestad exclusiva a los legisladores que integran la Cámara Bicameral de Acuerdos de evaluar la conducta de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.

Esto tiene su origen en la La ley N° 13.807 que fue sancionada en diciembre de 2017 que plantea el sistema de remoción de fiscales, donde las denuncias deben ser investigadas y juzgadas por los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Acuerdos. Pero esa ley fue declarada inconstitucional por la Cámara Laboral, tras un recurso de amparo planteado por el fiscal de Homicidios de Rosario, Adrián Spelta.

Spelta fue sancionado a través de un proceso disciplinario por haber acordado con la defensa, la excarcelación de Emanuel “Pimpi” Sandoval en una prisión domiciliaria, luego de que “Ema Pimpi” fuera asesinado en una vivienda de barrio La Florida quien esperaba el juicio oral por un triple homicidio que tenía como punto la disputa por el narcomenudeo.

La Sala II de la Cámara Laboral de Rosario se expidió sobre el pedido de Spelta y en el mes de septiembre declarando que la ley 13.087 es inconstitucional, e incluso en ese sentido, el procurador de la Corte Jorge Barraguirre emitió un dictamen dictaminó a favor de la inconstitucionalidad del actual régimen de sanciones a los fiscales y defensores. Con el fallo, se le prohibió a la legislatura avanzar sobre la investigación al fiscal Spelta y frenó la suspensión. Frente a esto Fiscalía de Estado de la provincia apeló y ahora la Corte Suprema acaba de declarar que tal potestad de los legisladores es constitucional.

Días atrás, el Ministerio Público de la Acusación emitió un comunicado al respecto: «La posición que fijamos en este documento tiene raíz en preocupaciones de  naturaleza estrictamente institucional. Nos interesa postular que las acciones que están  teniendo lugar son ilegítimas, incorrectas y dañinas para el MPA y para la sanidad de esta  institución».

En otro párrafo la Asociación de Fiscales señala: «la Ley 13.013 asumía la obligación internacional del Estado Argentino de garantizar la autonomía del MPA, respecto del Poder Ejecutivo, sobre lo cual “…las Naciones Unidas ha señalado la necesidad de garantizar la autonomía del Ministerio Público respecto de dicho poder, en virtud de que puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos de forma objetiva…”; respecto del Poder Legislativo, evitando que “…las Fiscalías… se encuentren subordinadas a los órganos parlamentarios…”; y del Poder Judicial, bajo la consigna que “…la separación de las funciones de jueces respecto de las de fiscales se logra de la forma más efectiva a través de la separación institucional de las Fiscalías respecto del Poder judicial…”

Y añade: Desde entonces, para la mayoría de las y los Fiscales, cada caso, cotidianamente,  esconde el peligro que se toque el interés de alguien con protección o vínculos con algún  legislador o alguna legisladora»

«En la vereda de enfrente, ante la evidencia de participación de un integrante del  Senado en una asociación ilícita, indicada por dos criminales confesos y sostenida por un  sinnúmero de evidencia objetiva, la legislatura protege corporativamente al sospechoso,  nuevamente con “l” minúscula», aseveraron, sin dar nombres ni apeliidos pero en clara referencia al caso del senador departamental Armando Traferri. Además cabe recordar que en 2016, la Legislatura inició el trámite para concederse el régimen disciplinario de los fiscales cuando cuatro senadores en actividad y uno con mandato cumplido fueron denunciados por presuntos delitos económicos . En una sesión exprés, sin tratamiento del tema en el recinto y por unanimidad, la Legislatura aprobó dar a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura el control investigativo sobre las faltas graves de los fiscales.

A su vez, la resolución de la Corte deja un antecedente para el amparo presentado el viernes por Marcelo Sain para evitar su suspensión al frente del Organismo de Investigaciones (dependiente del MPA), por presuntas faltas graves, que el Senado y la Cámara baja provincial tienen previsto tratar el jueves en sesión conjunta.

“Una vez más, nos vemos en la necesidad de rechazar la política legislativa orientada a poner bajo la Legislatura el control disciplinario de los integrantes del MPA. Una vez más, a manifestar que nos repugnan los métodos y los móviles con los que se llevan adelante dichas iniciativas. Y una vez más aspiramos a contar con una legislación que promueva el desarrollo de un Ministerio Público fuerte, autónomo, bien financiado, equipado, capacitado, transparente, inteligente y comprometido con la lucha contra la impunidad y con los derechos de los más débiles”, señalaron desde la Asociación de Fiscales.