Sobre la empresa IDM pesan inhabilitaciones que impiden el desarrollo de la actividad y aumentan la incertidumbre de los trabajadores. Más de cien familias dependen de la firma que se dedica al tratamiento y la disposición de residuos peligrosos.

En el presente, la empresa no cuenta con las medidas de seguridad suficientes para el normal desarrollo de la actividad y los gobiernos provincial y nacional le han efectuado inhabilitaciones. De esta manera, la firma tendrá que cumplir con los requerimientos para volver  a operar: ordenamiento y disposición final de las cenizas, falta de bomba de incendio, irregularidades en la chimenea, entre otras carencias que las inspecciones han encontrado.

En ese contexto, los trabajadores de la empresa, temen por su futuro laboral. Al respecto, Mauricio Brizuela del Sindicato de Obreros Empleados Petroquímicos Unidos, indicó que los sueldos están al día pero que se les adeuda un bono que se acordó en el mes de enero.  “La empresa está teniendo una deuda con los trabajadores y siempre acusando los problemas que tiene tanto ahora con Nación como con provincia por las inhabilitaciones que les han llegado, pero siempre tratando de poner las responsabilidades en otros y no asumirlas como propias” .

La empresa tiene alrededor de veinte días para materializar los pedidos que se le realizaron y luego de una próxima inspección se verá si se le levantan la inhabilitación.

“La empresa se tiene que adaptar a las leyes, como cualquier empresa. Se han manejado siempre al borde o fuera de la ley y estas son las consecuencias”,  aseguró Brizuela en diálogo con la radio 93.5. “Realmente, hay situaciones en una planta química que tienen que tener responsabilidad civil y penal. Tienen que cumplir con las normas de seguridad,  eso no podemos dejarlo de lado, no puede ser a medias tintas en una empresa química que puede tener un riesgo a la salud de los compañeros   de la sociedad.”

Y finalizó: “Tienen que repensar cómo quieren seguir porque hay ciento veinte de familias que viven de IDM”.