Se produjeron luego que se desmantelara un negocio irregular con la anterior empresa que prestaba ese servicio. El interventor afirmó que «no se van a tolerar ataques, amenazas o cualquier hecho repudiable con el fin de utilizar al SUPA para la satisfacción personal de unos pocos»

La intervención del Sindicato Unidos Portuarios (SUPA) de Puerto General San Martín, Bella Vista, Timbúes y Puerto Gaboto repudió el ataque a los vehículos de la nueva empresa contratada para efectuar el traslado de los afiliados a sus puestos de trabajo.

«Si bien solo se verificaron daños materiales, el hecho delictivo merece la absoluta condena ya que podrían haber sido lesionados los conductores de los vehículos o los afiliados del SUPA que transporta», señaló el gremio en un comunicado.

El repudio tiene relación con el ataque perpetrado contra los vehículos de la nueva prestadora del servicio para traslado de afiliados, en reemplazo de la empresa Ben Hnos SAS tras haberse detectado manifiestas irregularidades en su accionar ya denunciadas ante la Justicia Federal.

El incidente se produjo un día después de asumida la operación de traslado a cargo de una nueva firma, que se comprometió a incorporar a los trabajadores que se desempeñaban para la empresa Ben Hrnos, por gestión de la intervención.

En ese marco, se recalcó que la demora en la contratación del nuevo prestador se debió a que ninguna empresa de la comunidad estuvo dispuesta a asumir la operación del traslado, no por cuestiones comerciales, sino por el fundado temor de recibir represalias delictivas a su personal o a sus vehículos.

Desde la delegación regional del SUPA también se condenó el bloqueo del acceso del Centro de Contratación Portuaria (CEDECON) verificado este martes y organizado por menos de una decena de manifestantes, con el objetivo de impedir que los afiliados del sindicato concurran a las terminales para cumplir con su trabajo.

«Los pocos manifestantes invocaron la representación de cierto sindicato que, según los registros oficiales, se trata de una entidad que representa los conductores de remises en el ámbito territorial de Rosario. Por lo tanto, el SUPA desconoce totalmente a esta entidad sindical, ya que carece de toda legitimación personal y territorial para invocar la representación alegada», explicaron desde la intervención.

«Se repudia, enfáticamente, la falsa invocación de la defensa de los trabajadores conductores para justificar hechos de violencia en contra del SUPA y sus afiliados, cuando los ataques están dirigidos para sostener un negocio en beneficio de los intereses de un empresario. No existe hecho más lamentable y cobarde que enarbolar la bandera de la justicia social para defender los intereses de los patrones», se agregó.

El interventor a cargo del SUPA, Marcelo Urban, informó a sus afiliados que la actual gestión continuará con firmeza en el proceso de normalización sindical y «que no se van a tolerar ataques, amenazas o cualquier hecho repudiable con el fin de utilizar al SUPA para la satisfacción personal de unos pocos».

Asimismo adelantó que por estas horas se adoptarán medidas para normalizar el servicio de traslado del CEDECON, el cual se ha visto entorpecido por todos los hechos violentos, amenazas y aprietes ocasionados en las últimas semanas.

La intervención del SUPA

En el marco de la causa iniciada el año pasado en la Justicia Federal, se dictó la intervención del SUPA, que quedó a cargo del Sr. Marcelo Urban. La misma se hizo efectiva a través de la Resolución 1174/2019, por un plazo de 180 días (vence en mayo).

Fuentes cercanas a la intervención indicaron que objetivo del procedimiento, fue desde siempre normalizar la entidad. En ese marco, se comenzaron a realizar asambleas con los trabajadores, generar beneficios para la familia portuaria, aceitar canales de comunicación interna, etc.

Además, dieron a conocer que una de las conclusiones a las que arribó la intervención en esos primeros meses fue que el SUPA no tenía prácticamente bienes a su nombre, puesto que muchas propiedades estaban a nombre de la Cooperativa, lo cual habla a las claras de las irregularidades en los años anteriores, indicaron. Una de las gestiones encaradas fue desmantelar un negocio que tenía vigencia por más de 20 años, vinculado al transporte de los afiliados. Ello generó la reacción de los hechos vandálicos que se repudian en el comunicado, manifestaron desde el entorno del interventor.

Los hechos

Fuentes cercanas a la intervención, informaron que se detectaron irregularidades con el prestador de este servicio, que le facturaba al gremio $3 M mensuales. La firma era controlada por personas vinculadas a la anterior conducción del gremio, pero en el momento que la Justicia Federal procesó a Herme Juárez, bloqueó el CUIT de Sandra Jorgelina Tolosa (una de las que facturaba los servicios de transporte). Para resolver el tema, crearon una Sociedad Simplificada por Acciones (SAS) denominada Ben Hrnos SAS, de la cual Tolosa era tenedora del 100% de las acciones.

El problema comenzó cuando le reclamaron al interventor el pago de facturas emitidas por Ben Hrnos SAS fechadas con anterioridad a la fecha de inscripción de esa sociedad, lo cual constituye a todas luces un acto irregular, señalaron.

Además, destacaron que la intervención a cargo de Urban se encuentra absolutamente ratificada por las autoridades del actual Gobierno nacional y que así se lo hicieron saber desde el Ministerio de Trabajo a Urban en reuniones mantenidas recientemente en Buenos Aires.