La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), representada por su secretaria general, Sonia Alesso, con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo Bustos Fierro, impugnó y obtuvo en sede judicial una medida cautelar en el marco de la causa que lleva el Nro. 390/24 radicada ante el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 8 de Capital Federal, a cargo de la Dra. Laura d’Arruba.

Por la decisión judicial se suspendió la aplicación de los artículos. 86, 87, 88 y 97 del DNU 70/2023 dictado por el presidente Milei, en relación a la CTERA y las trabajadoras y trabajadores representados a través de los gremios de base adheridos.

La sentencia, conocida este miércoles y que lleva fecha 9-2-2024, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucionales las regulaciones que establece el DNU citado al calificar a la educación como «servicio esencial».

El DNU pretendía, en la práctica, prohibir el derecho a huelga -cuestión ya analizada y rechazada por el Poder Judicial y la Organización Internacional del Trabajo hace más de veinte (20) años-, impidiendo el derecho de reunión con restricciones grotescas a la realización de asambleas sindicales y neutralizando la percepción de contribuciones solidarias en el marco de la Paritaria Nacional Docente, que dicho sea de paso, intentó también aniquilar Milei a través del proyecto de «Ley ómnibus» cuya aprobación fracasara en el Congreso Nacional.

El accionar del Gobierno Nacional se inscribe en la ofensiva dirigida contra la educación pública, provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el no pago a los docentes de todo el país de la asignación del Fondo Nacional de Incentivo (FONID) a cargo de La Nación, la supresión del Fondo Compensador Salarial para asistencia al pago de sueldos en algunas jurisdicciones provinciales, la eliminación de la conectividad para maestras y maestros y el no giro de partidas para comedores escolares, entre otras medidas contra los docentes de nuestro país y niñas, niños y adolescentes que deben concurrir a la escuela.