Tras seis años de concurso preventivo, un fallo judicial aprueba la propuesta de Grassi SA para la reestructuración de la empresa agroexportadora. Más de 1700 acreedores fueron habilitados para votar.

El Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo del Dr. Fabián Lorenzini, homologó este jueves el acuerdo de salvataje presentado por la empresa Grassi SA para la reestructuración de Vicentín SAIC, que se encuentra en concurso preventivo desde 2019. La sentencia rechazó en su totalidad las 11 impugnaciones presentadas por otros acreedores y competidores, allanando el camino para la transferencia total de las acciones de Vicentín a Grassi.

En una resolución de más de 50 páginas, el magistrado analizó y desestimó todas las objeciones planteadas, que iban desde cuestionamientos sobre el cómputo de las mayorías de acreedores hasta acusaciones de abuso de derecho en la propuesta. El fallo consideró que Grassi SA logró cumplir con los requisitos legales, obteniendo la adhesión del 66.8% de los acreedores habilitados, lo que representa el 84.99% del capital total de la deuda.

“Las impugnaciones serán rechazadas en su totalidad, por resultar improcedentes e infundadas”, estableció la sentencia, fundamentando la decisión en una extensa interpretación de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) y los principios rectores del derecho concursal moderno, cuyo objetivo primordial es “evitar la desaparición de las empresas viables”.

Un proceso competitivo y complejo

El proceso de salvataje, también conocido como cramdown (art. 48 LCQ), se activó luego de que Vicentín agotara su período de exclusividad sin lograr un acuerdo con sus acreedores. En esta etapa, se habilitó a otros interesados a presentar propuestas para adquirir la empresa. Junto a Grassi SA, también compitió un consorcio integrado por LDC Argentina y Molinos Agro (MOA), cuyas impugnaciones fueron centrales en el debate.

Entre los puntos más controvertidos, los impugnantes cuestionaron la validez de los votos de ciertos acreedores, particularmente aquellos que habían cedido sus créditos a terceros, argumentando un posible fraude a la ley. El juez Lorenzini, sin embargo, respaldó el análisis del síndico CPN Diego Telesco y concluyó que estas cesiones no invalidaban el cómputo de las mayorías en la etapa de salvataje, diferenciándola claramente del período de exclusividad.

“La ley distingue entre la deudora concursada y los terceros que concurren a competir por las acciones de la empresa en crisis. Por tanto, nosotros también debemos distinguir”, señaló el fallo, adoptando una postura restrictiva en la aplicación de exclusiones de votos durante el salvataje.

El acuerdo y sus condiciones

La propuesta homologada de Grassi SA ofrece a los acreedores diversas alternativas de pago, incluyendo opciones en efectivo, capitalización de deuda y planes de pago a plazo. Un punto que generó discusión fue la creación de una “propuesta residual” automática para los acreedores que no eligieran ninguna alternativa expresa, la cual fue analizada por el síndico para descartar su carácter abusivo.

El juez ordenó medidas específicas para garantizar la ejecución del acuerdo:

• Los acreedores que aún no hayan elegido una opción de pago tendrán 30 días hábiles adicionales para hacerlo, con apoyo de la sindicatura.
• Se establecerá un comité de control integrado por el Banco de la Nación Argentina y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), más un tercer miembro a elegir entre una lista de diez acreedores.
• Se incorporarán cláusulas de protección para los acreedores que optaron por alternativas de pago en granos, ante eventuales incumplimientos por causas climáticas o de mercado.

Contexto y reflexión final

La sentencia hace un repaso del contexto de crisis económica de 2002 que motivó la creación de la figura del salvataje, destacando su objetivo de celeridad para “salvar empresas” y preservar fuentes de trabajo. Al homologar el acuerdo, el tribunal puso fin a un expediente judicial de más de seis años, uno de los concursos preventivos más grandes y complejos de la Argentina reciente.

Con esta decisión, se habilita la transferencia de la controlante de uno de los gigantes agroexportadores del país, cerrando una larga etapa de incertidumbre y abriendo un nuevo capítulo para la empresa, sus más de 1700 acreedores y las fuentes laborales vinculadas. Grassi SA deberá ahora presentar en tres días un cronograma detallado para la ejecución del acuerdo homologado.