Se llegó a un acuerdo con la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que en 2005 entabló un juicio contra el Estado local por subsidios que se entregaron durante la década del 90 y nunca fueron rendidos. Ahora la Biblioteca Municipal recuperará los beneficios que perdió al ser expulsada de ese organismo.   

En una audiencia celebrada el martes pasado en la sede del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires, la Municipalidad de San Lorenzo le puso fin –a través de la suscripción de un acuerdo con los representantes legales del Ministerio de Cultura de la Nación– a un viejo reclamo por parte de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). La dependencia del Estado nacional exigía la rendición de dos subsidios otorgados a la Biblioteca Municipal durante la segunda mitad de la década del 90, por una suma total de 17 mil pesos, que jamás fueron rendidos con la correspondiente documentación respaldatoria de su destino.

Durante el gobierno del intendente Armando Traferri se hicieron gestiones para que la Biblioteca Municipal recibiera dicho aporte a través de la Comisión Amigos de la Biblioteca Juan Bautista Alberdi, quienes según las crónicas de la época, nunca recibieron el dinero y, por consiguiente, tampoco pudieron rendirlo como era obligación. Tampoco lo hizo el municipio, solidariamente responsable por ello.

Los numerosos reclamos del Ministerio de Cultura de la Nación y de la propia Conabip fueron sistemáticamente desoídos, lo que motivó no sólo la desintegración de la Comisión Amigos de la Biblioteca, cuyos miembros no quisieron verse perjudicados por la irregularidad, sino también la interposición de un juicio por parte del Ministerio Nacional, que fue iniciado en el año 2005 durante la gestión de la esposa del intendente anterior y gestor del subsidio no rendido, Mónica de la Quintana.  Como lógica consecuencia, la situación también derivó en la expulsión de la Biblioteca «Juan Bautista Alberdi» de la Conabip y la pérdida de todos los beneficios que ello reportaba.

Tras un largo peregrinaje judicial y la realización de numerosas reuniones en busca de soluciones durante la anterior gestión nacional, que no arrojaron resultados positivos, las partes arribaron ayer, en sede judicial, a un acuerdo que se materializó con la firma de un acta acompañada por el expediente en trámite.

El municipio abonará alrededor de 77.500 pesos en concepto de capital, intereses, gastos causídicos y honorarios, lo que dará por cerrado el reclamo judicial y permitirá iniciar los trámites para la reincorporación a la Conabip, que asiste a las bibliotecas populares con el envío de fondos para obras, así como también con la provisión de material bibliográfico.

“Estamos pagando un monto razonable y bajo en función del tiempo que ha transcurrido. Este gobierno no sólo trabaja en permanentes obras y en todo aquello que se puede ver, sino también en problemas de larga data que avergüenzan a los sanlorencinos y que deben ser resueltos”, expresó el intendente Leonardo Raimundo en diálogo con medios de prensa.

Además el intendente celebró la posibilidad de que la biblioteca se reincorpore a la Conabip. “Cuando ello ocurra, la institución volverá percibir múltiples beneficios, pero por lo pronto debemos celebrar que la biblioteca se quitó una mancha que no merecía su trayectoria de 50 años”, concluyó.