Por Carlos Alfredo Rinaldi – Abogado especialista en Derecho de Familia

Son épocas percibidas como; “tiempos de cambio”. Desde diversos sectores, alineados con los espacios del poder gubernamental, se pregona un programa de reformas en el que se coloca en tensión un “orden”, un presunto status quo, un estado general de cosas, en el que la respuesta estatal debe ser morigerada, y la iniciativa individual debe ser auspiciada bajo la defensa del proyecto personal y la propiedad privada, ejes del presunto “pensamiento liberal libertario.”

En este marco, y como eje principal de un plan de recortes muy ambicioso, se ha puesto en cuestión al conjunto de deberes de prestación que el Estado tiene, sobre todo, con los sectores más desaventajados.

Para ello, el foco de los cuestionamientos es la sospecha de la “verdadera necesidad” de los sectores más postergados, creando a tales fines prejuicios y/o representaciones tales como las del “pobrismo”, “el clientelismo”, o el “abuso de la posición menos favorecida”, para sostener un excesivo gasto público.

Sobre esta lógica “maniquea”, se pretende escrutar hasta el absurdo la necesidad de los más desfavorecidos con el fin de “desarticular presuntos fraudes”, los que durante décadas se han sustentado en el “infame axioma” (sic); “dónde hay una necesidad, nace un derecho”. Razonamiento denostado dentro del esquema del pensamiento libertario por su claro matiz populista/colectivista.

Se anima a la opinión pública a desconfiar de la necesidad, y se instala la idea que no debe ser el Estado, quien auxilie a los sectores vulnerables. Se pretende consagrar la primacía del mérito, y se insta a romper con el “igualitarismo”. (si es que formalmente alguna vez existió, a la falta histórica de igualdad real de oportunidades)

Se anhela un Estado, un sector público, para mejor decir (pues, el Estado somos todos), más pequeño, subsidiario y, sobre todo, sin injerencia en el plano económico. Desprendido de empresas públicas, sin política de fomento cultural, y con una vocación de educación arancelada y remota.

Bajo la premisa de la eficiencia financiera, se encausa la voluntad de “desregular lo Estatal”, con miras a simplificar procesos y procedimientos (lo que en algún sentido es harto necesario, para desburocratizar y modernizar la Administración central), pero se escatiman esfuerzos para reforzar el “control razonable y constitucional” sobre la iniciativa privada en el manejo de los activos públicos, y se renuncia al dominio de los recursos estratégicos, como la energía, por caso, bajo la difusa excusa de la ineficiencia o el déficit.

El manto de sospecha que se ciñe sobre los segmentos sociales más necesitados posee visos de notoria injusticia, pues cuestiona sus necesidades con una “vocación estatal punitiva” (quita de beneficios/subsidios), sin abordar la situación en términos de “asistencia” y/o con la prestación adecuada de servicios o políticas públicas para la restitución de derechos (conforme la manda de los arts. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional), e invierte la carga de la prueba, para exigir de quien lo necesita, observar la obligación irrestricta de asegurar su derecho, a cambio de; despersonalizar su lucha, despolitizar su condición de beneficiario, y hasta renunciar al ejercicio de la ciudadanía (reduce el derecho a manifestarse, o peticionar ante las autoridades, por ejemplo), sólo para asegurar la continuidad de un beneficio -las más de las veces, insuficiente-, que le permita seguir sobreviviendo en una sociedad cada vez más inequitativa.

En pocas semanas, hemos retrocedido siglos discursivamente. Las formas de control social, tanto inquisitoriales como de policía urbana, que se instituyeron en el siglo XIV, se nutrieron fundamentalmente de los dispositivos de vigilancia puestos en marcha por lo que Foucault¹ denominó el “modelo de la peste”, y se ejercieron especialmente sobre los más humildes.

El imaginario colectivo se nutrió desde entonces de nuevos arquetipos del mal, resultado en gran parte de estas persecuciones. Comenzó a elaborarse entonces toda una literatura muy variada dirigida a judíos, brujas, hechiceras, prostitutas y a pobres en general, a la que también contribuyeron funcionarios de tribunales y de policía, partidarios de una legislación de choque contra los vagabundos.²

En este marco surgió un interés creciente por clasificar e investigar el mundo de los pobres; ya en siglo XIV se diferenció entre pobres hábiles e inhábiles para el trabajo, llegando a señalarse, desde finales del siglo XIII, su pertinencia a la familia de los demonios.³ (o de “los Orcos”, el agregado es mío)

Cualquier coincidencia con esta coyuntura, es pura “causalidad”.

1 FOUCAULT, M., Vigilar y Castigar, Siglo XXI, Buenos Aires, 2000.

2 GEREMEK, B., La estirpe de Caín, Mondadori, Madrid, 1990.

3 VARELA, J., ALVAREZ- URIA, F., Genealogía y Sociología. Materiales para repensar la Modernidad, Ediciones El Cielo por Asalto, Bs. As., 1997, pág. 89/90.