Bajo el marco de la Ley de Concursos y Quiebras, el magistrado fundamentó su decisión en el informe de la sindicatura que certificó el cumplimiento de las mayorías requeridas. Se inicia ahora un período clave de cinco días para posibles impugnaciones antes de una eventual sentencia de homologación que transferiría el control accionario de la empresa.

El concurso de acreedores de Vicentin ingresó en su etapa decisiva luego de que el juez Fabián Lorenzini emitiera una resolución que reconoce que la oferta de la empresa Grassi S.A. fue la primera en reunir las mayorías de acreedores requeridas por la ley. El tribunal de Reconquista dispuso, en una providencia del 11 de noviembre, la apertura de un plazo de cinco días hábiles para que los legitimados en el proceso presenten impugnaciones.

La decisión se fundamenta en el informe presentado por la sindicatura plural del concurso, integrada por Diego Telesco, Carlos Amut y Ernesto García. Dicho dictamen técnico confirmó que la propuesta de Grassi obtuvo la adhesión de 1.141 acreedores, lo que representa el 65,97% de las cápitas y el 84,99% del capital verificado, cumpliendo así con los requisitos del mecanismo de cramdown.

El proceso registró una competencia entre ofertas. Mientras Grassi notificó al tribunal el 31 de octubre el cumplimiento de las mayorías, solicitando la homologación y la adjudicación de acciones, el consorcio formado por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC) también informó ese mismo día haber alcanzado los apoyos necesarios. Sin embargo, fue la oferta de Grassi la que recibió la validación oficial de la sindicatura y, posteriormente, el reconocimiento judicial.

Con la resolución firme y el período de impugnaciones en curso, el expediente se acerca a su conclusión. De no mediar objeciones sustanciales, el magistrado quedaría en condiciones de homologar el acuerdo preventivo, lo que implicaría la transferencia del control accionario de la compañía.

Vicentin, que entró en default en diciembre de 2019 con una deuda que superaba los 1.500 millones de dólares, se encamina así a cerrar un proceso judicial de casi cinco años, lo que marcaría el final de la mayor reestructuración en la historia reciente del sector agroexportador argentino.