Los ministros Silberstein y Pullaro presidieron este viernes el acto en el depósito de Alvear, al que se le suma otro en Santo Tomé. Ahora los objetos secuestrados por la Justicia pasan al Estado, que los subastará o reutilizará con fines sociales.

Los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, y de Seguridad, Maximiliano Pullaro, inauguraron, este viernes en la localidad de Alvear, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), un nuevo organismo que dispondrá de los objetos secuestrados por la justicia penal y gestionará que pasen a la esfera estatal vía subasta o reutilización.

El objetivo de este cambio en el sistema –una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– es afectar el poder económico de las bandas delictivas y darle a los bienes adquiridos ilícitamente un destino público, es decir que servirán a los fines sociales en hospitales o escuelas, por ejemplo.

Al respecto, Silberstein expresó que “aquí cumplimos un objetivo contextuado en un programa político conducido por el gobernador Miguel Lifschitz”, y situó a Santa Fe un paso adelante en éste y otros temas, “desde la unificación de la persecución penal que permite el sistema acusatorio a las acciones en materia de salud, lo que redunda en que se eviten en el territorio santafesino las muertes por abortos”.

“A nivel nacional se debate la extinción de dominio por parte de los bienes que provienen del delito, pero Santa Fe no espera esa norma y aprueba una ley por la cual, después de seis meses, los bienes se rematan para que la sociedad reciba lo producido. Es un sustituto eficiente -mientras aguardamos la ley nacional- y para todos los delitos, como parte de un proyecto político alternativo en el país”, concluyó el ministro.

Por su parte, Pullaro calificó la inauguración de la agencia como “un paso importantísimo, uno de los más importantes que hemos dado como Estado provincial en la pelea contra el delito organizado”.

El ministro explicó que “una política pública de seguridad tiene muchas aristas que debemos abordar” y en ese sentido resumió que “le sacamos la plata y los bienes a las organizaciones criminales para desarticularlas y para que les sean devueltos a la sociedad. Estamos cumpliendo con el objetivo de golpear al delito en todos sus niveles, sin privilegios”.

A su turno, el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, de quien depende el nuevo organismo, explicó que “la agencia, que ya está funcionando en la práctica, busca atacar al crimen donde más le duele, es decir, en lo económico. Todos los bienes utilizados o adquiridos producto de delitos provinciales serán decomisados por el Poder Judicial y se ponen a disposición de la provincia, en algunos casos los subastaremos y en otros los vamos a destinar a políticas sociales concretas o asignar a organizaciones sociales”.

“El objetivo es devolverle lo recaudado a la sociedad porque en definitiva es a la sociedad a la que se le robó para poder adquirir estos elementos”, puntualizó el funcionario y destacó el trabajo coordinado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Luego, Figueroa Escauriza detalló que “hay computadoras incautadas en el marco de causas por juego clandestino, tenemos unos 80 autos de alta gama, 150 celulares, 60 computadoras, dos desarmaderos decomisados que representan 500 mil piezas. Estamos buscando compactarlas y aprovecharlas”.

Finalmente, el funcionario subrayó que “por sus características y funciones encomendadas, la Aprad no tiene antecedentes en el país, incluso se escrituraron cuatro inmuebles expropiados a una red de prostitución en la ciudad de Melincué. Esas propiedades, valuadas en dos millones de pesos, pasaron a manos del Poder Ejecutivo hace un mes y serán utilizadas con fines sociales”.

El gobierno provincial tiene previsto hacer el primer remate de autos en septiembre y para ello se firmarán en los próximos días convenios con los Colegios de Escribanos.

Por último, el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, planteó que “antes trabajábamos de manera más estática, no había una política de subastar los bienes innecesarios como prueba para luego usarlos con fines sociales. Los bienes están bien custodiados aquí y se va a conservar su valor de mercado”.

Además, Baclini expresó su satisfacción porque “esto permitirá reutilizar los instrumentos del delito, no solo los que se han usado en hechos violentos sino también los de guante blanco o de índole económica, que puedan estar aquí y ser reciclados. Esperamos que esto pueda ser implementado de forma dinámica, desde el MPA tenemos mucho interés en que así sea”.

SOBRE LA AGENCIA
La agencia fue creada por la ley Nº 13.579, presentada como proyecto por la cartera de Justicia y Derechos Humanos en 2016. El depósito de Alvear, con casi diez mil metros cuadrados entre superficie cubierta y descubierta, alberga una importante cantidad de bienes incautados, entre ellos 80 automóviles, correspondientes a las circunscripciones judiciales de Rosario y Venado Tuerto. El gobierno también habilitó otro predio, de cinco mil metros cuadrados, en Santo Tomé donde son destinados los objetos secuestrados a raíz de sumarios penales en las circunscripciones de Santa Fe, Rafaela y Reconquista.

La flamante agencia es un ente autárquico que trabaja articuladamente con el Ministerio Público de la Acusación y la Oficina de Gestión Judicial, instituciones de la nueva justicia penal. La ley que la crea -aprobada en septiembre de 2017 y reglamentada por el Poder Ejecutivo en febrero pasado- establece que los bienes sin utilidad probatoria podrán ser subastados con autorización judicial. Entre los efectos ya en depósito se encuentran automotores, computadoras, monitores, celulares, notebooks, TV led y muebles.