Ramón Soques -hombre de confianza del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro- es un radical al frente del organismo de prevención.

Para Ramón Soques, ex intendente de Carcarañá y flamante subsecretario de Investigación Patrimonial del gobierno santafesino, casos como la megaestafa inmobiliaria de Venado Tuerto se repiten con más frecuencia de lo que habitualmente se cree.

Lo dice sin ponerse colorado y convencido de que el Estado puede tener un rol más activo a la hora de descubrir éste y otros delitos de similar naturaleza. Por ello, trabaja desde hace algunos meses en generar nuevas herramientas que permitan aprovechar todo el caudal de información disponible para perseguir a los denominados ladrones de guante blanco, muchas veces vitoreados por una sociedad que no los trata con la misma saña que a una mechera o a un carterista.

“Todas las actividades comerciales pueden ser susceptibles de lavado”, afirma Soques mientras dialoga con El Litoral en la sede operativa de El Ojo, la innovadora estructura que montó el Ministerio de Seguridad en Rosario. Allí trabaja bajo las órdenes de Pullaro, quien vio en él un funcionario probo para reforzar un área que había quedado en las sombras con el devenir de la causa de Los Monos.

Durante la charla, anticipa las principales líneas de acción de su repartición. “La idea es no convertirnos en un Estado bobo que cuenta con un montón de información y no puede hacer nada”, asevera.

—¿Cuál es la misión que te encomendó el gobernador Lifschitz al convocarte para el cargo?

—Esta dirección básicamente tiene dos grandes funciones: ser auxiliar de la Justicia en la generación de informes patrimoniales de personas físicas o jurídicas, y detectar situaciones de inconsistencias patrimoniales. Siempre aclarando que no hacemos ni inteligencia (que se hace desde el Estado nacional) ni persecución penal (que depende de la Justicia). Todo lo referido a generar información para la Justicia se venía desarrollando bien, con un personal reducido pero muy capacitado. Vamos a reforzar con más fuerza la otra pata, la vinculada con la prevención y con la posibilidad de generar dispositivos que te permitan detectar situaciones de inconsistencias patrimoniales, que es un indicio que posibilita llegar a detectar el origen ilícito de algunas actividades comerciales y analizar los procesos de cómo introducir la ganancia de la criminalidad en el sistema legal.

—¿Cómo se está trabajando?

—Mi obsesión es poder crear algún mecanismo administrativo que nos permita, en determinados organismos que atienden las cuestiones patrimoniales, generar un mecanismo que nos provea los datos y tomar contacto de manera directa; a la vez, poder hacer algún informe previo, que, en caso de observar alguna situación de inconsistencia patrimonial, llevarlo a las autoridades y hacer las denuncias ante los organismos judiciales. Estamos generando convenios con distintas reparticiones con la intención de implementar esto en distintas oficinas como puede ser el API, Catastro o el Registro de la Propiedad.

—Justamente la megacausa inmobiliaria de Rosario se inició cuando de manera informal un empleado del Registro de la Propiedad detectó una serie de inconsistencias…

—Sí, efectivamente. Eso llevó a la investigación. Lo que uno está tratando de idear es que eso que surgió informalmente, pueda ser sistematizado desde la provincia y no convertirnos en un Estado bobo que cuenta con un montón de información y no puede hacer nada.

—¿La idea sería tratar de generar un “buzón verde” pero abocado a este tema puntual?

—No queremos generar una carga más a los profesionales. El Estado cuenta con mucha información en determinadas áreas, por lo que lo que podemos hacer es capacitar para que a partir de ahí mismo, dentro del Estado, se pueda hacer algo y nos envíen la información a nosotros que tenemos la gimnasia para hacer ese análisis. La otra cosa que hemos hecho es ver cómo generamos más caudal de información. Por ejemplo estamos haciendo un convenio con la Corte Suprema para contar con información del viejo Registro Público de Comercio, así como con otras informaciones de la Corte. También con la Agencia de Seguridad Vial. La idea nuestra es contar con la mayor información posible para el cruzamiento de datos.

— Los colegios profesionales también colaboran en esta tarea…

—Sí. Hemos conformado la Mesa de Análisis del Accionar de los Delitos Económicos. Es muy interesante eso porque lo cierto es que todas las actividades comerciales pueden ser susceptibles de lavado. Nosotros detectamos que en varias se repiten los nombres, llámese contadores, abogados, escribanos… Armamos una mesa que ya nos ha permitido generar algunas acciones. Y también algunas cuestiones con un mayor control de los profesionales en cada una de las profesiones.

Sin acceso

—Cuando mencionás que todas las actividades pueden ser susceptibles de lavado, ¿es a raíz de una falta de control del Estado?

—Hay montón de actividades que no tenemos siquiera acceso. Por ejemplo, el API empezó a tratar de generar información sobre las embarcaciones. Y la verdad es que es una cuestión que no se conoce, son bienes que mantienen su valor por mucho tiempo, y de mucho dinero. Estamos tratando de conseguir a través de Prefectura alguna información sobre el tema. No creo que Santa Fe escape a los cánones de Nación sobre estos temas.

—¿Se está pensando en algún mecanismo con los municipios grandes, por ejemplo Rosario?

—Estuvimos en contacto con Margarita Zabalza (N.deR.: ocupó el cargo de Soques en la gestión de Antonio Bonfatti, hoy es funcionaria del municipio rosarino). Empezamos a charlar para hacer algún convenio para que cuando ellos detectan algo lo puedan elevar a nosotros. La idea es poder hacerlo con otros municipios.

El Litoral