La Sociedad Argentina de Infectología ha expresado su preocupación por el cierre o desmantelamiento de programasde cáncer y HIV

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) emitió un contundente comunicado advirtiendo sobre los peligros del cierre o desmantelamiento de los programas de enfermedades transmisibles en Argentina.

La organización señala que esta circunstancia podría causar un retroceso importante en los avances logrados en salud pública, con posibles consecuencias devastadoras para el país.

SADI buscará reunirse con el Ministro de Salud de la Nación para discutir esta problemática. Su objetivo es preservar la naturaleza federal e igualitaria de estos programas, asegurar el acceso a la salud y mantener la calidad profesional, científica y técnica que ha definido las iniciativas de control.

Los recortes más drásticos realizados por el gobierno de Javier Milei se reflejan en áreas sociales esenciales, como los hospitales nacionales y el Instituto Nacional del Cáncer, donde la ejecución del presupuesto es apenas del 55%. Esta situación ha tenido un impacto considerable en la atención sanitaria, afectando tanto la calidad de los servicios como su disponibilidad.

Este panorama se agrava por una ola de despidos masivos en el sector de la salud pública. Recientemente, el Ministerio de Salud, bajo la dirección de Mario Lugones, anunció la finalización de 1,400 contratos en distintos hospitales y organismos, argumentando supuestas irregularidades en las contrataciones de la administración anterior.

La reducción de personal pone en riesgo el funcionamiento de varios servicios, incluidos aquellos relacionados con el VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis, tuberculosis y lepra, así como la atención a personas con discapacidades. Muchos de estos programas están prácticamente inactivos debido a la subejecución del presupuesto.

Los recortes afectan especialmente a la Superintendencia de Servicios de Salud (con un 69% de inejecución), a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT, 21%), y a la Agencia Nacional de Discapacidad (17%). Además, hospitales nacionales como el de Salud Mental Laura Bonaparte enfrentan un ajuste del 25%.

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