Por Carlos Alfredo Rinaldi – Abogado especialista en Derecho de Familia

Debo confesar que al repasar algunos de los datos que aportaré en este artículo, no he podido dejar de conmoverme. También es cierto, compete a quienes militamos en el campo de la promoción y protección de los derechos de todas las infancias, pregonar aquellos aspectos que todavía nos marcan lo que falta en el camino hacia una sociedad más justa. Camino que sigue siendo difícil sortear por sus interminables obstáculos.

Según las conclusiones de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de Unicef Argentina (2019/2020), el 59% de los niños y niñas entre los 1 y los 14 años, experimentaron prácticas violentas de crianza: el 42% castigo físico (incluye formas severas, como palizas y golpes con objetos), y el 51,7 %, agresión psicológica (como gritos, amenazas y humillaciones).

Una sociedad que posee estas formas de trato hacia las Infancias, difícilmente pueda mostrar posibilidades de avances en otros aspectos, tales como; calidad institucional, participación ciudadana, o control del mandato de sus autoridades, mejora en sus condiciones de seguridad pública, etc.

¿Este grado de degradación en el trato hacia las nuevas ciudadanías, que abarca desde los primeros años de vida, se extiende hasta los primeros años de la adolescencia, afectando a casi la mitad de su colectivo, replicando toda clase de violencias, asegura una perspectiva de mejoramiento de la sociedad civil?

La respuesta es negativa, resulta claro.

La opinión pública está confundida, y no exagero. Mientras asignamos casi masivamente nuestros problemas de “desarrollo y crecimiento” a variables de neto corte economicista, olvidamos que el principal activo de nuestras sociedades, su “capital social”, y desde su primera Infancia, sufre de un proceso de corrosión que indefectiblemente nos condenará al subdesarrollo, a la marginalidad. Al recorte de nuestras posibilidades de garantizar el desarrollo humano integral a las generaciones venideras.

Y no alcanza sólo con la incorporación de un “Perspectiva de Infancia” para visibilizar la problemática y enfadarnos con nuestras faltas, como en más de una oportunidad hemos denunciado, pues es necesario refundar un contrato social en la Ética de las Infancias.

Nos hemos preguntado, ¿Qué lugar ocupan en la agenda pública los derechos de las infancias? ¿Cuánto se debate sobre los alcances, recursos y desafíos del Sistema de Protección?

Lo adelanto, la respuesta vuelve a ser negativa.

Pareciera, tristemente, que es necesario llegar a extremos como el que representó el “Caso Lucio Dupuy”, para entender que cualquier dilación en las acciones tempranas que el Estado debe brindar -conforme las obligaciones que le imponen los compromisos constitucionales y convencionales asumidos-, pueden derivar en consecuencias desastrosas.

Si no existe una articulación seria entre todos los niveles de actuación (salud, educación, ONG, la sociedad toda), y una difusión de carácter informativo y formativo, las alarmas que alertan a los Organismos competentes, pueden no llegar a encenderse a tiempo.

En el segundo semestre de 2022, se conocieron los resultados de la consulta que realizó Unicef Argentina a 1.600 adolescentes de todo el país para saber si habían atravesado situaciones de maltrato y violencia.

Más de la mitad de las respuestas coincidieron en que el último año habían sufrido violencia: el 59% psicológica, el 14%, física, el 11% en internet y el 9% sexual.

Datos que revelan el verdadero tenor de una deuda social, que condiciona sin tapujos nuestro futuro, y cuyas consecuencias son todavía inconcebibles. Éste es un problema de intereses más que de discursos. La infancia no es variable de ganancia para los Estados. No interesa, por cuanto no ejerce plenamente derechos políticos, ni sus opiniones son determinantes para el egoísta mundo de los adultos.[1] La niñez queda relegada a ese lugar incierto, laxo e indefinido, “el futuro”. Quizás por eso sufre los avatares de un presente de esperas infundadas.

[1] BARATTA, Alessandro, “Infancia y democracia”, Buenos Aires, Taurus, 2001, pág. 85.