El Congreso tratará la baja de la edad de imputabilidad en sesiones extraordinarias

El Poder Ejecutivo Nacional confirmó una ampliación en la agenda legislativa para el período de sesiones extraordinarias que comienza en febrero. La decisión más destacada es la incorporación del proyecto de Ley Penal Juvenil Argentina, una iniciativa que propone establecer en 14 años el límite de imputabilidad para menores que cometan delitos.

La medida surgió tras un encuentro de la mesa política en Casa Rosada, donde los principales referentes del gabinete analizaron las prioridades para el corto plazo. De este modo, la propuesta penal se suma a un paquete de reformas que busca dar respuesta a una demanda social creciente en materia de seguridad y justicia.

Los ejes de la Ley Penal Juvenil Argentina y el nuevo calendario

La intención oficial es aprovechar el receso de verano para avanzar con debates de alto impacto. El cronograma de actividades en el Congreso iniciará formalmente el 2 de febrero, teniendo como prioridad el tratamiento de la normativa laboral. No obstante, la inclusión de la reforma penal juvenil modifica la dinámica parlamentaria prevista inicialmente.

Además de este proyecto, el Gobierno mantiene en carpeta otros temas de relevancia económica y administrativa:

• La modernización de los esquemas de trabajo.
• Acuerdos comerciales internacionales pendientes de ratificación.
• Designaciones en el servicio exterior de la Nación.

Contexto y estrategia parlamentaria

La redacción de la normativa toma elementos de proyectos que ya contaban con dictamen en comisiones durante el año pasado. Sin embargo, el equipo técnico del Ministerio de Justicia introdujo ajustes para facilitar el consenso entre los distintos bloques. En consecuencia, se espera que el debate sea intenso una vez que el texto ingrese formalmente a la Cámara de Diputados.

Por otra parte, el Ejecutivo decidió postergar otras reformas integrales del Código Penal para las sesiones ordinarias que comenzarán en marzo. Finalmente, esta decisión permite concentrar el esfuerzo legislativo de febrero en un número reducido de leyes que el oficialismo considera urgentes para la gestión actual.