Mientras cuatro ex altos directivos de Vicentín caminaban libres este viernes tras pagar una fianza de un millón de dólares cada uno, un silencio cargado de incertidumbre y deudas impagas cubre a los miles de pequeños acreedores y trabajadores afectados por el colapso del gigante agroexportador. La liberación, ordenada por la Cámara de Apelaciones, marca un punto de inflexión legal, pero desplaza el foco hacia quienes siguen pagando el costo real del descalabro.

Los ejecutivos – Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti – recuperaron su libertad tras meses de prisión preventiva. Sin embargo, la decisión judicial mantiene intactas las graves imputaciones por administración fraudulenta y desvío masivo de fondos (estimados en $6.000 millones actualizados), y les prohíbe terminantemente cualquier contacto con la empresa en concurso o sus órganos. Esta restricción confirma la sospecha fiscal: su presencia obstaculizaba el ya complejo proceso de salvataje.

La Fiscalía sostiene que los fondos desviados entre 2019 y 2024 financiaron gastos personales de los directivos, principalmente honorarios de sus propios abogados defensores en causas penales individuales. Mientras ellos usaban el dinero de la empresa para su defensa privada, Vicentín, declarada en concurso preventivo desde 2019, alegaba falta de liquidez para cumplir con obligaciones básicas: pagar salarios a sus empleados o cancelar deudas a proveedores, muchos de ellos pymes locales

“Valoro el apego a garantías constitucionales, pero el criterio para apreciar el riesgo estuvo equivocado”, declaró Gustavo Feldman, abogado querellante, quien además advirtió sobre un posible recurso de inconstitucionalidad. Su crítica apunta a la aparente contradicción: se reconoce la verosimilitud de una estafa masiva (por eso se mantienen las imputaciones y restricciones), pero se considera que el riesgo de entorpecimiento desaparece tras la intervención judicial, algo que fiscales y querellantes cuestionan.

La enorme fianza pagada garantiza la presencia de los ejecutivos en el proceso, pero no resuelve el agujero dejado en la economía regional ni el futuro de los trabajadores. La imagen de cuatro hombres pagando cuatro millones de dólares por su libertad contrasta brutalmente con la realidad de empleados con salarios congelados o impagos, y de pequeños empresarios al borde de la quiebra por deudas incobrables.

La liberación bajo fianza cierra un capítulo procesal para los directivos, pero abre de par en par la herida social. El verdadero foco ahora debe estar en la eficacia del concurso preventivo para rescatar lo rescatable de Vicentín y, sobre todo, en cómo se hará justicia reparadora para los verdaderos damnificados: los miles de rostros anónimos – trabajadores, tamberos, proveedores – que esperan, no un millón de dólares, sino simplemente lo que legítimamente les corresponde. La justicia penal avanza, pero la deuda social con ellos sigue siendo la cuenta más abultada y urgente.

Con información de Rosario3 y Pregón