El Ente que regula el sistema de gas a nivel nacional exhortó a las distribuidoras de gas a realizar una revisión en la totalidad de las escuelas.

Luego de la muerte de una directora y de un portero en una escuela de la ciudad bonaerense de Moreno por la explosión de una garrafa, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ordenó a las empresas distribuidoras inspeccionar las instalaciones de gas “de todos los establecimientos educativos, oficiales y privados de todo el país, en todos los niveles existentes en su área, con el objetivo de prevenir accidentes”. Lo particular es que aclara que el cargo y el costo deberá correr por cuenta de las empresas y no de la cartera de Educación.

De esta forma, en Santa Fe la empresa Litoral Gas deberá diseñar de forma coordinada con el ministerio de Educación provincial, “un protocolo de verificación y un plan de acción” para realizar dichos controles.

Vale recordar que a causa de la tragedia de Moreno, los gremios Amsafe y ATE realizaron un relevamiento que arrojó números preocupantes y dejó en evidencia que son más que habituales las irregularidades en instalaciones de gas en la provincia de Santa Fe.

El 31 de octubre es el plazo máximo para la entrega del “plan de acción para realizar”, y las inspecciones estarán a “cargo y costo” de las empresas. Es decir, que desde la cartera que conduce Claudia Balagué, obtendrán de manera gratuita una tarea que es de su competencia.

Sin embargo, el vocero de Litoral Gas, José María González, aclaró que “el costo de las inspecciones y el programa corre por cuenta de Litoral Gas, pero el costo de la adecuación lo hará el ministerio de Educación o el privado”.

El Programa de Prevención a nivel nacional aspira a tener resultados, como tuvo en 2005 una iniciativa similar que apuntaba a investigar fugas de gas y otros eventos relacionados con la seguridad en 18.701 establecimientos educativos. En 2005 hubo un resultado positivo, pero pasaron unos cuantos años y además en razón a varios episodios se resuelve repetirlo”, consideró González.

En los fundamentos, la resolución publicada en el Boletín Oficial busca “causar los menores inconvenientes posibles” a la “actividad normal, sin resignar la seguridad” de establecimientos educativos y un gran número de comedores.

Y que además las estadísticas demostraron que los accidentes ocurren como consecuencia de “artefactos con inadecuada ubicación, falta de mantenimiento –en especial ventilaciones obstruidas o desacopladas-, o con modificaciones no autorizadas en el mismo artefacto o en su instalación”.

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