¿Qué se puede hacer con un preso que tiene la capacidad económica de pagarle tres mil dólares a un guardiacárcel para que le entre al pabellón una botella de fernet? ¿Qué medidas hay que tomar para evitar que logre planear su fuga en helicóptero desde el mismísimo patio del penal? ¿Cómo podría frenarse el uso masivo de celulares en las cárceles, algo tan prohibido como constante?

Estas preguntas no son abstractas. Remiten a casos concretos y tienen como protagonistas a los capos narco de Rosario y sus segundas líneas. El grupo “top” de presos de alto riesgo -“Los Rosarinos” y uno que otro más- tiene 25 miembros.

En su enorme mayoría, están alojados en dos complejos de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Federal (SPF): el CPI de Ezeiza y el CP2 de Marcos Paz. En algunos casos, los menos, la Unidad N° 6 de Rawson, Chubut, juega como la tercera pata de contención penitenciaria.

El panorama con estos presos es complejo.

Por un lado, fiscales y jueces denuncian que hacen lo que quieren tras las rejas. Desde conseguir fernet hasta ordenar homicidios. Por eso piden, entre otras medidas, que se instalen inhibidores de señal de celular en las cárceles. También, que se controlen sus comunicaciones a traves de los teléfonos públicos de los pabellones y se restrinjan sus visitas.

Por otro lado, los involucrados -a través de sus abogados- están inundando los tribunales de recursos de hábeas corpus y otras yerbas legales denunciando que se violan sus derechos constitucionales. Cuando les dicen que no tienen razón, apelan. Y cuando les vuelven a decir que “no”, vuelven a apelar.

En medio de todo esto -y con una guerra narco en Rosario que este año ya supera los 150 homicidios-, hace una semana las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación (del que depende el SPF) decidieron mover las piezas del tablero.

Lápiz en mano, rearmaron el barrio narco de “Los Rosarinos” que tiene tres grandes exponentes: Ariel “Guille” Cantero (35), líder de Los Monos; su archienemigo Esteban Lindor Alvarado (44); y el peruano Julio Rodríguez Granthon (29).

A los tres se los investiga por seguir manejando sus estructuras desde la cárcel, incluso de ordenar homicidios. La nota más colorida la dio Alvarado – condenado a prisión perpetua, quien el 10 de marzo pasado estuvo a punto de escaparse de Ezeiza con un helicóptero.

Había hecho importar la aeronave para esos fines directo de España y planeado todo con la ayuda de un reloj inteligente que enlazaba con un celular escondido en la celda de un compañero.

Fue precisamente Alvarado el que provocó la última movida que el SPF para tratar de controlar a “Los Rosarinos”. La estrategia -que fue general y no particular- se concretó en un operativo el pasado lunes 17 de julio luego de que el día 13 el Tribunal Oral federal 2 de Rosario dispusiera su “traslado urgente” de Ezeiza a otra unidad donde se pudieran cumplir las medidas de seguridad extra ordenadas por la Justicia.

El 10 de marzo la Justicia frustró la fuga de Esteban Lindor Alvarado del Complejo I de Ezeiza. La había preparado desde un celular y un reloj entrados ilegalmente en la cárcel.

El SPF no cambió a Alvarado de cárcel porque el Ministerio de Justicia logró explicarle al tribunal que no se está frente a un problema de “locación”, sino de “sistema”. De hecho, Alvarado en su historia tras las rejas ya rotó de la cárcel provincial de Piñero (Rosario) a Marcos Paz y, de allí, a Ezeiza.

Además, las medidas extra impuestas al preso en sus comunicaciones y visitas fueron apeladas por su abogado Fernando Arias Caamaño y actualmente la “queja” está en la Corte Suprema de Justicia.

Movidas y hábeas corpus

Bajo la evaluación cierta de que, hoy por hoy, no hay unidad penal que garantice los niveles de seguridad que demandan jueces, fiscales y la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar), para presos como los narcos de Rosario, desde el SPF armaron un plan de contingencia.

Este sería un primer paso con miras a un proyecto más general que el Ministerio de Justicia de la Nación estaría armando para darle un nuevo marco de encierro a los llamados presos “de alto perfil” que, en su inmensa mayoría, ellos agrupan bajo el nombre de “Los Rosarinos”.

A principio de año, de los 11.500 presos alojados en cárceles federales, 72 eran considerados de “alto perfil”. Hoy la lista se depuró y quedaron 25. Sobre esos 25 se centró el operativo del lunes 17.

Todo se hizo por sorpresa y generó pataleos legales varios, entre ellos el de Mariana Barbitta, abogada defensora de Rodríguez Granthon, quien antes de que pudiera darse cuenta fue trasladado del Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza al 2 de Marcos Paz.

Para cuando Barbitta presentó un hábeas corpus -como una manera de intentar frenar la mudanza (lo había logrado con éxito cuando quisieron moverlo a Rawson)-, Granthon ya estaba en Marcos Paz.

“La Unidad de Alojamiento (Complejo Ezeiza) no cuenta con un pabellón el cual pueda ser destinado únicamente para el interno en cuestión , o un sector para que pueda ser aislado en celda individual”, informó el SPF, que en el sistema CIR (Clasificación Inicial de Riesgo) definió así a Alvarado: “Fuga: alto- muy alto, Suicidio; bajo- muy bajo; Conflictividad: muy bajo“.

Según pudo saber Clarín, desde hace una semana los domicilios del tridente narco de Rosario -“Guille” / Alvarado /Granthon- quedaron establecidos así.

Alvarado sigue en el penal de Ezeiza, pero mucho más aislado. Quedó en el Módulo 6, que tiene cuatro pabellones ahora ocupados exclusivamente por “Los Rosarinos”. Lo pusieron en el “C”, donde sólo están el llamado “Rey de la Efedrina”, Mario Segovia, y su hijo Matías. Allí no tiene contacto con ellos y, al parecer, sólo sale una hora al patio. Dicen que su familia se enteró del cambio porque Alvarado, a los gritos, le avisó a otro preso que lo habían movido.

En total, sólo puede llamar por teléfono de línea a tres familiares y uno de sus abogados. Los números están en una lista y si él intenta marcar otro, un software le bloquea la comunicación

Para Granthon se acondicionó un sector especial: terminó en el pabellón 7 del Módulo 5 de Marcos Paz con un sistema gemelo al que, en la misma unidad (pero en el pabellón 7 del Módulo 2), tiene “Guille” Cantero. El líder de los Monos hace rato que esta allí luego de haber pasado por Piñero, Rawson y Ezeiza. En Marcos Paz, el hermano del “Pájaro”, asesinado en 2013, ocupa las tres alas de su pabellón: el espacio de 18 celdas.

La pregunta del millón es si esto alcanza y también, hasta qué punto es legal o constitucional limitar tanto sus movimientos, comunicaciones y contactos.

De un lado están los abogados defensores, todos de primera línea, y sueldos que, se adivinan, en dólares. Del otro lado, un plan que incluye reducir los contactos de los presos y hasta sus compras en la cantina porque, al parecer, los pedidos al supermercado son tan voluminosos que es imposible ver qué hay dentro de sus celdas. Ya en algunos pabellones se pasó de nueve cámaras a 80 para no dejar puntos ciegos, ni siquiera cuando van al baño.

El debate incluye la instalación de inhibidores de señales de celular, sistema que se comenzó a implementar hace apenas unos días en el penal de Piñero, en Rosario. A esto apuntan con fuerza desde la Procunar pero no parece ser la prioridad del SPF que alega posibles daños a la salud por la frecuencia del inhibidor y dificultades con el radio de onda que, por ejemplo en Ezeiza, sostienen podría afectar al aeropuerto internacional.

Todo, claro, podría evitarse o atenuarse si afuera, en Rosario, las políticas anti narco dieran algún resultado. Pero, como ya se sabe, el negocio de la cocaína es poderoso, millonario y a estas alturas va ganando.