Mañana jueves 31 a las 18 horas habrá una marcha de antorchas para acompañar a la familia Perassi en reclamo de justicia por Paula, a días de conocerse el fallo del tribunal que revé la resolución en primera instancia que absolvió a los nueve acusados por la desaparición de la sanlorencina el 18 de septiembre de 2011.
La movilización partirá de la plaza San Martín (Córdoba y Moreno) a los tribunales provinciales de Rosario. El viernes 11 de octubre fue la última audiencia y se espera que en la próxima semana ya esté la resolución del tribunal compuesto por los jueces Gustavo Salvador, Carolina Hernández y Javier Beltramone.
Duante los cuatro días de audiencias, la fiscalía y la querella expusieron los agravios hacia el fallo en primera instancia dictado por los jueces Strólogo, Minetti y Campos que absolvió a los cuatro civiles y cinco policías. Entre los argumentos, la fiscal María Eugenia Irribarren expresó que el tribunal no tuvo en cuenta la perspectiva de género del caso, como tampoco analizó en un contexto la desaparición de Paula, sino que lo hizo en forma segmentada.
La querella avaló lo señalado por la fiscalía e insistió en que detrás de la desaparición de Paula, hay una estructura desaparecedora y un colectivo criminal que lograron la impunidad del caso luego de ocho años. También expresaron que las pruebas aportadas durante el juicio realizado en mayo, no fueron valoradas por el tribunal sino que fueron consideradas las de las defensas de los acusados.
La fiscalía sostuvo la calificación del juicio de los cuatro civiles por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte por los que solicitaron la pena perpetua. Pero, agregó la acusación, que para el caso de que el tribunal de Cámara sostenga el fallo del tribunal de primera instancia, que las figuras privación de la libertad seguida de homicidio y el aborto no consentido seguido de muerte se contraponen porque en la primera la muerte es dolosa y en la segunda preterintencional, subsidiariamente plantearon un pedido de pena de 25 años, que es la máxima estipulada por ley.
Por otra parte, las defensas de los imputados civiles Gabriel Strumia, Roxana Mitchl, Mirta Rusñiski, Darío Díaz y de los policías Daniel Puyol, Jorge Krenz, Aldo Gómez, María José Galtelli y Gabriel Godoy avalaron la resolución del tribunal de primera instancia y criticaron duramente la investigación de la fiscalía -Ramón Moscetta en el sistema viejo y Donato Trotta quien tomó la causa en 2014-, también apuntaron al juez Eduardo Filocco -hoy retirado-; al sostener que llevaron a juicio “un relato imaginario” sin pruebas.
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