Repudiaron «una práctica violatoria de los derechos humanos bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia» contra la vicepresidenta, a raíz del juicio que se le sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y rechazaron la «utilización del sistema judicial como mecanismo de disciplinamiento social».

Más de 500 intendentes de todo el país respaldaron a través de un comunicado a la vicepresidenta Cristina Kirchner ante el juicio que se lleva a cabo en su contra por acusaciones de presunta corrupción en la obra pública.

Los 509 intendentes aseguraron que el juicio oral que la ex presidenta enfrenta por el posible desvió de fondos públicos en favor del empresario Lázaro Báez durante su etapa como mandataria nacional, caso conocido como «Vialidad», representan – en realidad– un intento por proscribirla de la actividad política.

«La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente», apuntaron.

En ese sentido, exteriorizaron -en representación de «Los Intendentes del Interior del país»- «la preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social».

El escrito contó con la firma de jefes comunales de Jujuy (8), Catamarca (17), Tucumán (38), Salta (4), Santiago del Estero (158), Corrientes (8), Chaco (47), Formosa (37), Misiones (1), Córdoba (55), Santa Fe (34), Entre Ríos (33), Mendoza (2), San Luis (1), San Juan (2), La Rioja (17), Chubut (9), La Pampa (7), Neuquén (4), Río Negro (8), Tierra del Fuego (3) y Santa Cruz (16).

Por último, el escrito concluyó: «Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos».

Cristina Kirchner enfrenta este juicio oral por un supuesto redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz durante sus mandatos como presidenta (2007-2011 y 2011-2015) en favor de Lázaro Báez, el empresario y ex socio comercial de los gobiernos kirchneristas, y hoy condenado por otros casos de corrupción y bajo arresto domiciliario.

Se trata del primer juicio contra la Vicepresidenta que llega hasta la etapa de los alegatos, la instancia previa a la sentencia donde el tribunal define la condena o la absolución. En el caso, se juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015.

Los acusados son 13 y, además de Báez y Cristina, aparecen los ex funcionarios Julio De Vido (ex ministro de Obras Públicas), José López (ex secretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional), entre otros.