Médicos del PAMI van a un paro de 72 horas: denuncian recortes de más del 50% en sus ingresos y coseguros para jubilados

Una resolución firmada el 9 de abril modificó el modelo prestacional de los médicos de cabecera del Instituto, eliminando incentivos y concentrando la remuneración en el pago por cápita. El conflicto amenaza con afectar la atención de millones de jubilados y pensionados.

Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron este lunes un paro total de 72 horas —que se extenderá hasta el miércoles inclusive— en rechazo a una resolución que, según denuncian, recortó sus ingresos en más de un 50% de manera unilateral y sin renegociación contractual previa. La medida de fuerza es impulsada por la asociación APPAMIA bajo la consigna: “Sin honorarios dignos no hay salud de calidad”.

La resolución que desató el conflicto en los médicos

El origen del conflicto es la Resolución RESOL-2026-1107-INSSJP, firmada el 9 de abril de 2026 por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI). La norma introdujo modificaciones en el Nomenclador Común del Instituto y en el modelo prestacional de los médicos de cabecera, con tres ejes centrales: la unificación y actualización del nomenclador, el incremento del valor de la cápita a partir de abril de 2026, y la eliminación del incentivo económico destinado a la formación de posgrado. Además, la resolución avanza en un proceso de simplificación administrativa que incorpora dentro de la cápita prácticas que antes se remuneraban por prestación en forma separada.

La propia resolución reconoce en sus considerandos que el sistema previo combinaba pago capitado con pago por prestaciones médicas realizadas. Sin embargo, los profesionales sostienen que el nuevo modelo elimina en la práctica los componentes variables del ingreso, dejando la remuneración casi exclusivamente atada al valor de la cápita.

Un punto que los médicos cuestionan desde el plano jurídico es que la resolución ratifica la continuidad de los contratos vigentes pero modifica las condiciones económicas sin haber mediado renegociación previa, lo que abre la puerta a eventuales conflictos legales.

Números que preocupan

Según estimaciones difundidas por delegados y asociaciones médicas, ingresos que rondaban los $3.800.000 mensuales podrían caer a un rango de entre $1.200.000 y $1.600.000, lo que representa una reducción superior al 50% de la facturación. El escenario se agrava al considerar que los médicos trabajan bajo modalidad contractual, sin relación de dependencia, con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales y deben afrontar por cuenta propia la totalidad de los costos del consultorio: alquiler, personal administrativo, servicios, insumos, conectividad, mantenimiento y cargas impositivas. En muchos casos, advierten, el ejercicio profesional podría volverse económicamente inviable.

A esto se suma la definición de coseguros para los afiliados, es decir, un copago que deberán abonar los jubilados y pensionados por determinadas prestaciones, un punto que generó rechazo tanto en el sector médico como en organizaciones de adultos mayores.

Un problema que va más allá de los salarios

APPAMIA advierte que este escenario podría derivar en una salida masiva de médicos del sistema, con consecuencias directas sobre el primer nivel de atención del Instituto. El médico de cabecera es la figura central del modelo asistencial del PAMI: es quien realiza el seguimiento de enfermedades crónicas, emite recetas, indica estudios y deriva a especialistas. Su eventual reducción en el plantel trasladaría la demanda hacia clínicas privadas y hospitales públicos, incrementando la presión sobre el sistema sanitario general y poniendo en riesgo la continuidad de atención de millones de afiliados.

Profesionales consultados describieron además un clima de preocupación y cautela ante posibles rescisiones contractuales, lo que limita la exposición pública de los reclamos. No obstante, distintos grupos médicos comenzaron a coordinar acciones gremiales en todo el país.

El conflicto, en definitiva, excede la discusión salarial y se proyecta como un problema sanitario estructural que podría afectar el acceso efectivo a la atención médica de los sectores más vulnerables de la población.