“Bajo la premisa de que ‘sin salarios dignos, no hay universidad pública de calidad’, los docentes agrupados en Coad han decidido iniciar un paro total de actividades de 72 horas la próxima semana en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Esta movilización abarcará las doce facultades de la UNR y está programada para llevarse a cabo de lunes a miércoles.

La decisión fue respaldada por aproximadamente 2.200 docentes que votaron esta semana. El 58,8% optó por la opción de tres días de paro, mientras que el 41,2% prefirió detener actividades durante 48 horas.

En el marco de una coordinación nacional de protestas, el lunes y martes se realizarán paros en solidaridad con lo decidido por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que incluye a todas las federaciones docentes y nodocentes. El miércoles, la huelga en la UNR se unirá a diversas asociaciones docentes de base de todo el país, incluidas las que forman parte de la Conadu Histórica.

Desde Coad, afirmaron que hay múltiples razones para mantener y intensificar su plan de lucha, señalando que el gobierno continúa empobreciendo los salarios de los docentes y redoblando su ataque simbólico y financiero hacia la universidad pública argentina.

El gremio complementará la huelga con actividades de ‘lucha y debate’. El martes 22 de octubre, se instalará una carpa docente en la plaza Montenegro (San Luis y San Martín), donde se llevarán a cabo clases públicas, talleres, charlas, una radio abierta y presentaciones culturales.

El miércoles 23, se llevará a cabo una asamblea docente en la Facultad de Ingeniería de la UNR (Pellegrini 250) para evaluar los siguientes pasos y discutir la situación actual de la universidad, donde el 70% del personal, tanto docente como no docente, percibe salarios por debajo de la línea de pobreza, según lo señalado por el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

La comunidad universitaria también ha manifestado su descontento con el veto presidencial a la ley de financiamiento que había sido aprobada por el Congreso Nacional. Esta ley garantizaba fondos para el funcionamiento de la universidad y una recomposición salarial para docentes y no docentes acorde a la inflación. Desde la Casa Rosada se justificó el veto argumentando que la ley comprometía los objetivos de equilibrio fiscal y déficit cero, aunque, de acuerdo con informes de la Oficina de Presupuesto, su implementación solo representaría un impacto fiscal del 0,14% del PBI.”