La iniciativa del Ministerio de Seguridad apunta a fortalecer la presencia estatal y modernizar los controles en la Hidrovía Paraná–Paraguay, un corredor estratégico donde operan redes transnacionales de narcotráfico, trata, contrabando y lavado. El plan se estructura en seis polígonos de intervención y contará con cooperación nacional e internacional.

El Ministerio de Seguridad anunció la puesta en marcha del “Plan Paraná”, una estrategia integral destinada a reforzar el control, la vigilancia y la seguridad en la Hidrovía Paraná–Paraguay, considerada uno de los corredores fluviales más importantes y vulnerables de Sudamérica frente a la acción de organizaciones criminales transnacionales.

La hidrovía conecta el puerto de Asunción con el de Buenos Aires y concentra un volumen clave del comercio exterior regional. Según la Resolución 1307/2025 publicada en el Boletín Oficial, por este tramo circulan hasta 300 barcazas por día, lo que lo convierte en un eje logístico estratégico, pero también en un entorno propicio para delitos complejos.
Desde la cartera de Seguridad señalaron que la extensión geográfica, la multiplicidad de puertos públicos y privados y las limitaciones tecnológicas de los controles tradicionales han sido aprovechadas por redes delictivas para desplegar operaciones ilícitas de gran escala, vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el lavado de activos.

Frente a este escenario, el “Plan Paraná” se presenta como una política pública sostenida, cuyo objetivo es incrementar la presencia estatal, potenciar la capacidad de control y neutralizar las actividades ilícitas en toda la vía fluvial y sus áreas de influencia. La iniciativa incorpora tecnologías avanzadas, como radares, drones, cámaras térmicas, escáneres de contenedores y sistemas de monitoreo en tiempo real, junto con un esquema de cooperación interagencial nacional e internacional.

Objetivos y alcance territorial

Entre los objetivos específicos se destacan:

• La desarticulación de redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte que comprende Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.
• El refuerzo de controles en puertos públicos y privados del tramo inferior de la hidrovía, en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
• El fortalecimiento de la cooperación con organismos multilaterales y agencias extranjeras especializadas, como EUDA, ONUDD, DEA y CICAD-OEA.

La resolución establece una “estrecha articulación” con el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, la Justicia Federal y las policías provinciales, para asegurar una cobertura integral y la detección temprana de maniobras ilícitas.

El despliegue territorial del plan se organizará en seis polígonos de intervención, que abarcan:

1. Puerto Bermejo (Chaco) – Corrientes, incluyendo Resistencia e Itatí.
2. Corrientes – Resistencia – Bella Vista.
3. Bella Vista – La Paz (Entre Ríos).
4. La Paz – Paraná (Entre Ríos).
5. Paraná – San Nicolás (Buenos Aires).
6. San Nicolás – Paraná Guazú.

La autoridad de aplicación podrá habilitar nuevos polígonos según la evolución del delito y las necesidades operativas, con el fin de garantizar un control integral, dinámico y flexible.

Comando Unificado y articulación operativa

La coordinación general del “Plan Paraná” estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional, con posibilidad de designar responsables específicos para cada fase: planificación, desplazamiento, ejecución y evaluación.

También se crea el Comando Unificado “Plan Paraná”, integrado por representantes de:

• Secretaría de Seguridad Nacional
• Policía Federal Argentina
• Gendarmería Nacional
• Prefectura Naval Argentina
• Policía de Seguridad Aeroportuaria

La coordinación operativa será asumida por un funcionario designado por la Prefectura Naval.

El plan prevé además la participación de las policías provinciales, que podrán designar enlaces, y articula acciones con la Dirección General de Aduanas, AFIP, Migraciones y otros organismos competentes. Asimismo, se invita al Ministerio Público Fiscal, tanto nacional como provincial, a incorporar representantes para agilizar los canales de comunicación.

Con este despliegue, el Gobierno busca consolidar una estrategia moderna, coordinada y de alcance regional, destinada a proteger uno de los corredores fluviales más relevantes del país y a limitar la expansión del crimen organizado en la hidrovía.