Las empresas son prestadoras de servicios de estibaje y tienen el 60 por ciento del mercado en Puerto General San Martín y Timbúes. Acumulan deudas por 120 millones de pesos.

Un conflicto en torno a las prestaciones de servicios de estiba en los puertos cerealeros de Puerto General San Martín y Timbúes eleva la tensión gremial y empresaria en el principal polo de salida de soja del país. La pugna, que enfrenta pesos pesados, tiene su génesis en la disputa por el millonario negocio de la carga de mercadería en los barcos, pero ahora escaló al terreno judicial con denuncias por millonarias deudas acumuladas con el personal y el fisco que derivó en la suspensión de dos empresas privadas. Y pese al intento de mediación que el jueves intentaron las terminales, la tirantez entre los proveedores no cedió.

La historia es la siguiente. Tras la caída del viejo cacique sindical Herme Júarez, la cooperativa de estibadores portuarios de Puerto General San Martín perdió el monopolio del negocio de la estiba en las terminales cerealeras del norte del Gran Rosario. A pedir de los propios puertos (que durante el gobierno de Mauricio Macri empujaron mucho por la introducción de competencia en ese servicio para bajar las tarifas que pagan), dos empresas privadas (Milisenda y SAP) lograron ingresar al negocio de prestar ese servicio.

Por un tiempo, entre las tres organizaciones se repartieron los contratos en los muelles, pero en el último año Milisenda y SAP se quedaron con casi el 65% del mercado a fuerza de una política de tarifas bajas que los puertos cerealeros celebraron.

El desplazamiento empezó a generar estrés financiero en la cooperativa, que tiene que costear una estructura muy grande heredada de la época de Juárez, tamaño que también le había permitido prestar un servicio de excelencia, reconocido por las propias cerealeras.

Además, todo esto ocurre en el marco de una fuerte reducción de la actividad portuaria sobre el río Paraná por la histórica bajante (que hace que los barcos carguen menos) y las menores cosechas por la sucesión de sequías (que redujo el volumen de granos), dos fenómenos naturales que achicaron la torta a repartir.

A primera vista, la estrategia de negocios de Milisenda para poder hacer frente al cobro de tarifas bajas fue la siguiente: reducir al máximo las tarifas de la estiba manual (en la que compite con la cooperativa) pero compensando al cobrar tarifas más caras en la estiba mecánica (en la que no tiene competencia de la cooperativa).

Pero la cooperativa (que es de los estibadores) y el gremio de los estibadores (Supa) detectaron lo que ellos entienden es la verdadera razón por la cual las dos empresas privadas podían cobrar tarifas más bajas: no pagan aportes sindicales, cargas sociales, aportes especiales a los trabajadores y tampoco abonan las cargas impositivas que deben abonar a la propia Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). En 2021, según los números que elaboraron, la deuda de las empresas osciló los 120 millones de pesos.

Con esos datos en la mano, el Supa fue hace 15 días a la Justicia federal y logró que el juzgado federal número 1 con asiento en Rosario dicte una cautelar por la que suspende a la Milisenda y Sap del Centro de Contrataciones (Cedecom), que es la instancia a la que deben recurrir las empresas para contratar a los estibadores habilitados para los muelles.

Ocurre que como el trabajo del estibador es por jornales, las empresas deben recurrir al Cedecom para que les envíe la cantidad requerida por el tiempo requerido que necesitaran para prestar servicios en el puerto que los contrató para la carga de un barco. Vale la aclaración que en tiempos de Juárez, cuando la competencia privada era incipiente, el Cedecom (controlado por el cacique) solía enviarle los recursos humanos menos calificados y más conflictivos a las empresas para complicarles el trabajo.

La cautelar dejó fuera del negocio a ambas empresas que insistieron con una contra-cautelar (concretando incluso un depósito millonario por la deuda), pero les fue rechazada y ahora la resolución está a la espera de lo que diga la Cámara de Apelaciones. Igual, el Supa también va a fondo ya que –en paralelo- presentó una denuncia penal en la Justicia Federal contra ambas firmas, una instancia llamada a despertar el interés de Afip y Ansés, también perjudicados por la falta de aportes.

Y es que en el Supa sostienen que ya no es un tema de una deuda sino de “prácticas anti-sindicales” que quieren sacar del ruedo al gremio y por eso van a fondo y no se contentan con que las firmas se pongan al día. Es más, por estas horas proyectan un cambio normativo para que el Cedecom sólo pueda enviar estibadores a empresas que tengan como objeto de trabao único (o fundamental) la prestación del servicio de estiba en forma manual, en un claro intento por cerrarle la puerta de ese negocio a Milisenda.

Por el contrario, para Milisenda y Sap, la avanzada judicial del Supa, que por ahora los sacó del negocio, tiene el único fin comercial y económico de beneficiar a la cooperativa de estibadores (que ahora está prestando el 100% de los servicios de estiba) y por eso le bajan los decibeles a las denuncias por la deuda.

A todo esto: ¿qué posición tienen los puertos? Las terminales cerealeras temen que el conflicto escale hasta complicarle la actividad en los muelles. Por convicción (e ideología), los ejecutivos de los puertos se sienten más cómodos con la competencia (de hecho fueron los principales impulsores de cortar el monopolio de la cooperativa) y están más a que a gusto con las tarifas bajas que les venían pagando en el último tiempo a Milisenda y Sap.

Pero en el encuentro realizado el jueves se pudo ver que muchos ejecutivos de las multinacionales cerealeras se desayunaron con los incumplimientos normativos, legales e impositivos de ambas empresas; y eso no es un tema menor para sus compañías. Es que además de tener políticas de proveedores con muchas exigencias, que bajan de las casas matrices, también pueden ser solidariamente responsables en caso de complicaciones. Es por eso que quedó ayer en evidencia que en el frente de los puertos hay algunos ejecutivos más comprometidos en respaldar a Milisenda y Sap y otros que toman más distancia.

Rosario 3