Las prepagas fueron denunciadas por ‘cartelización’ y por atentar contra la libre competencia. Así lo señalaron los dirigentes de la Coalición Cívica ARI Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Ruben Manzi y Facundo Del Gaiso, que realizaron la presentación judicial ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) contra las empresas de medicina privada que integran la Unión Argentina de Salud (UAS).

Según los legisladores, hay “cartelización por incrementar los precios de manera coordinada”. “Es indignante que hayan anunciado un aumento conjunto. Dicen que están dispuestos a perder un 30% de sus afiliados, ¿a dónde se va esa gente?”, cuestionaron en relación a que las principales empresas aumentaron un 40% sus planes en enero, mientras que para febrero anunciaron subas del 30%. Y para marzo ya contemplan un 10% más.

En esa línea, señalaron que el presidente Javier Milei dejó “una regulación en cero” y ahora se debe debatir “qué tipo de marco normativo hace falta para que la competencia sea real y que las personas no se queden sin cobertura”. Y añadieron que la CNDC “puede ofrecer medidas pro-competitivas basadas en criterios técnicos”.

Al respecto, la denuncia apunta que los aumentos fueron establecidos entre los competidores, lo que afecta negativamente a los usuarios. Además, indicaron que la posible cartelización afecta a los proveedores, dado que acordaron no solo incrementos en los planes, sino también aumentos a hospitales, médicos y profesionales.

La crítica de los dirigentes está relacionada a que tras el DNU 70/2023, cada compañía puede establecer libremente los aumentos, a diferencia de antes, que eran autorizados por la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS). “Desde 2011 hasta 2023, los incrementos se debían estipular en función de la estructura de costos de cada financiador. Pero, en la práctica, Salud definía para todos el mismo porcentaje de suba”, explicó una fuente vinculada al sector.

Para la Coalición Cívica, los aumentos de las prepagas fueron establecidos por los competidores en conjunto.
“Es un mercado imperfecto, que tiene condicionantes”, aclararon los denunciantes, aunque argumentaron que no hay “libre competencia”, sino que se trata de “un abuso”. Los dirigentes solicitaron que la CNDC analice la conducta de la UAS, sobre la cual aclararon que no tiene la función de “coordinar los aumentos de honorarios” con proveedores.

Asimismo, comentaron que “la mera acción coordinada de dos o más competidores para fijar precios a consumidores o para coordinar posturas frente a sus proveedores es considerada una conducta ilegal”. “Se presume el incumplimiento a la ley de defensa de la competencia”, agregaron.

La denuncia llega tras el primer fallo a favor de una cautelar que presentó una jubilada de 78 años contra la desregulación de los precios de la medicina privada. Martina Forns, jueza federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, ordenó al Hospital Italiano que se abstenga de aplicar los aumentos anunciados a partir del DNU y que, en cambio, utilice una fórmula alternativa.

La usuaria argumentó que los incrementos le generaban un estado de incertidumbre como así también “un daño actual a sus derechos, el acceso a la salud, a la vida y a la propiedad privada”. Forns destacó el riesgo que implicaría para la mujer quedarse sin cobertura de salud a su edad, además de que la cuota de la prepaga le representaría la mitad de su jubilación.

En ese sentido, los dirigentes de la Coalición Cívica indicaron que “pacientes con enfermedades crónicas o en tratamiento por una cuestión aguda pero costosa, y jubilados, no pueden entrar y salir como si nada de su plan“. Desde una prepaga, días atrás le explicaron a El Cronista que “es conveniente que el asociado se baje de plan a que se desafilie”.

“Siempre es mala la pérdida. Los sanos financian a los adultos mayores y enfermos“, agregó una fuente cercana a una de las principales empresas, y detalló la importancia de los clientes jóvenes que pagan el total de la cuota de su bolsillo y sostienen los gastos de tratamientos costosos para pacientes con discapacidad o enfermedades crónicas y terminales: “En nuestros cálculos, un 3% asume el 46% del costo de estos conceptos“. 

Con Información del Cronista