El juez de Familia Marcelo Escola resolvió que los progenitores deberán aportar el 30% de sus ingresos —con un piso de $515.984— para garantizar los derechos de su hijo, actualmente alojado en un Centro Residencial por una medida de protección excepcional.

El Juzgado de Familia de San Lorenzo, a cargo del juez Marcelo Escola, dictó una resolución que fija una cuota alimentaria provisoria en favor de un adolescente en situación de vulnerabilidad. El joven se encuentra alojado en un Centro Residencial tras una medida de protección excepcional adoptada por la Delegación Regional San Lorenzo de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia.

La medida fue solicitada por la delegada regional, María Florencia Biré, quien pidió establecer como “medida complementaria” la fijación de una cuota alimentaria a cargo de los progenitores, señalando el incumplimiento de los deberes parentales que derivó en la situación de abandono y en la vulneración de derechos fundamentales del adolescente.

En su presentación, el Organismo de Protección remarcó que correspondía “remover cualquier obstáculo que impida el acceso a la satisfacción integral de los derechos del adolescente en cuestión”, y advirtió que la negligencia de los progenitores demostró una “clara desafección hacia la situación personal de su hijo, incluso estando debidamente al tanto de la misma, sin adoptar acción alguna acorde a sus responsabilidades parentales”.

El juez Escola hizo lugar al planteo y estableció que los progenitores deberán aportar:

• El 30% de sus ingresos, con un piso no menor a $515.984, correspondiente al 100% de la Canasta Básica de Crianza para la franja etaria de 6 a 12 años.
• La percepción aplicable también sobre aguinaldo, horas extras, premios, indemnizaciones, retiros voluntarios o cualquier otro concepto o emolumento.
• Además, el 100% de las asignaciones familiares.

El monto se actualizará de acuerdo a las variaciones mensuales de la Canasta de Crianza.

La decisión constituye un precedente judicial relevante, al reafirmar que los progenitores no pueden sustraerse de sus obligaciones parentales cuando, habiendo sido responsables del abandono, poseen la capacidad económica para responder. La medida, remarcaron desde Niñez, busca garantizar la protección integral y la restitución de los derechos del adolescente.