Un proyecto de la diputada de la UCR, Silvana Di Stefano, propone que quienes ocupen funciones en el Estado no presenten condenas por delitos de género o condición sexual.

La diputada provincial de la Unión Cívica Radical (UCR – FPCyS), Silvana Di Stefano presentó un proyecto de ley para que quienes hayan sido condenados por delitos de violencia de género no puedan acceder a cargos en la administración pública provincial. Que sea imprescindible tener “Ausencia de condena por violencia de género y/o delitos contra la integridad sexual”, reza el texto de la iniciativa para el acceso y permanencia a candidaturas y cargos públicos en la provincia. También se invita a municipios y comunas a que se sumen a la propuesta.

“El Estado debe garantizar a través de acciones concretas y políticas públicas la salvaguarda de las posibles víctimas de violencia de género, y la construcción de conductas apropiadas en ese sentido”, manifestó Di Stefano. “No se puede de ninguna manera aceptar a los violentos dentro de las estructuras del Estado, incluso con el poder que ese lugar les puede otorgar para reproducir esa violencia desde las estructuras públicas”, detalló la legisladora.

En todos los casos, previo a asumir cualquiera de los cargos o candidaturas, el postulante deberá presentar un certificado emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia -o la autoridad del Poder Judicial que esta designe-, mediante el cual acredite que no se encuentra condenado.

“La provincia debe sumar acciones que garanticen el compromiso de gobernar con miras a sociedades igualitarias, deslegitimando todo tipo de violencia sexista, lo que reflejará el cumplimiento por parte del Estado provincial de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina”, sentenció la diputada integrante de la bancada radical que conduce Maximiliano Pullaro.

El proyecto prevé que, en todos los casos, la inhabilitación para acceder o permanecer en cargos públicos se extenderá desde el momento de la sentencia condenatoria de primera instancia, hasta el cumplimiento de la totalidad de la condena, o el dictado de una nueva sentencia que la revoque.

Es el tercer proyecto con respecto a esta temática que presenta Di Stefano. En abril había solicitado al gobierno de la provincia que se cree un fondo de asistencia excepcional destinado a mujeres víctimas de violencia de género, y a víctimas de violencia intrafamiliar; y ampliar las partidas presupuestarias destinadas al financiamiento de equipos de atención a las víctimas de violencia de género y de violencia intrafamiliar.

Protección de las víctimas y cambio cultural

Los cargos públicos y candidaturas para cuyo acceso y desempeño se requiere la ausencia de condena, son la totalidad de las candidaturas a cargos electivos provinciales, municipales y comunales; y los cargos del Poder Ejecutivo (gobernador, ministros, secretarios, subsecretarios y directores), Poder Legislativo (senadores, diputados, secretarios y subsecretarios), Poder Judicial (ministros de la Corte, procurador, jueces, y secretarios), Vocales del Tribunal de Cuentas, y miembros del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

También se aclara que se entiende como “condena por violencia de género” a la sentencia condenatoria de primera instancia por la comisión –ya sea en grado de tentativa o delito consumado- de homicidio y lesiones agravados por odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión; por haber sido cometido contra una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediante violencia de género; o por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación. Asimismo, se extiende el concepto a las condenas por delitos contra la integridad sexual.

“Este compromiso de generar políticas públicas desde una perspectiva de género debe ser inclusivo de todos aquellos que sufren abusos, violencia, persecución y discriminación”, dijo, y finalizó: “Entendemos que la presente iniciativa también se inscribe en la lógica de entender al derecho como factor de cambio social, poniendo al estado Santafesino como pionero en la implementación de políticas que tiendan visibilizar este flagelo, creando de esta manera conciencia para el cambio de cultura”.