El intendente participó ayer del segundo encuentro multisectorial para evaluar la situación de la empresa. El mandatario remarcó la necesidad de que la firma vuelva a producir cuanto antes y propuso la conformación de una mesa para dirigirse al juez que tramita el concurso preventivo. “No vamos a permitir que nadie compre ninguna de las unidades productivas de Vicentin para cerrarla”, afirmó.

El intendente Leonardo Raimundo participó ayer del segundo encuentro convocado por la CGT San Lorenzo para evaluar la situación de la empresa Vicentin y definir la conformación de una mesa multisectorial. La reunión se desarrolló en la sede que la confederación posee en barrio 2 de Abril, con las presencias de gremialistas, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y presidentes comunales de la región, además del presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, el concejal Gustavo Oggero y la concejala Luciana Resquín.

En este marco, el intendente Leonardo Raimundo remarcó el impacto que el cese de la actividad productiva está teniendo sobre los proveedores y las empresas asociadas a la cerealera. Además el mandatario valoró positivamente la extensa representación política, territorial y legislativa convocada en torno al conflicto y propuso la conformación de una mesa para dirigirse mediante una nota al juez que entiende en el concurso preventivo.

Luego sostuvo que “el principio rector en materia concursal es la continuidad de la empresa en marcha”. “Después si Vicentin arregla con sus acreedores, mejor; y si no, habrá venta de activos. Yo lo digo desde ahora: la venta de cereales es un negocio altamente carterizado en trece actores; lo que no vamos a permitir es que nadie compre ninguna de las unidades productivas para cerrarla. Desde San Lorenzo vamos a exigir un plan de sustentabilidad”, advirtió el mandatario.

Finalmente, Raimundo subrayó la necesidad de que se aceleren los tiempos para garantizar la continuidad del trabajo de la fábrica: “Hay que exigir el funcionamiento de la empresa ahora porque ya está peligrando el pago de salarios y hay mil personas que tienen que cobrar. Caso contrario, va a haber un parate económico en toda la región”.

Por su parte, el secretario general de los Aceiteros, Pablo Reguera, manifestó que la conformación de la mesa persigue un doble propósito: “Defender los puestos de trabajo y que les garanticen el salario a todos los trabajadores hasta que el concurso llegue a su fin”. Además fue optimista respecto al futuro de la empresa: “Arreglarse se va a arreglar. Sabemos que hay buenos fierros, que la mano de obra es muy buena y que el año pasado Vicentin estuvo sexta en el país junto a las empresas multinacionales, pero necesitamos que arranque lo antes posible”.

A su turno, el ministro de Trabajo de la provincia, Roberto Sukerman, sostuvo que la situación de Vicentin afecta seriamente no sólo al Cordón Industrial sino también al norte de la provincia, en localidades como Avellaneda y Reconquista, e inclusive al sur de Chaco. “Es un gigante y queremos que siga en manos argentinas; no queremos la extranjerización de la empresa. Se tiene que poner en marcha ya, en este momento del año y no en cualquier otro”, concluyó.

La situación de Vicentin

Cabe recordar que ayer se declaró la competencia del Juzgado Civil y Comercial, 2° Nominación de Reconquista (en el norte de Santa Fe), a cargo del juez Fabián Lorenzini, para tramitar el pedido de apertura de concurso preventivo de la sociedad privada Vicentin SAIC.

El 10 de febrero, Vicentin presentó formalmente la apertura de su concurso preventivo de acreedores, debido a las dificultades financieras que atraviesa, según había informado la compañía en un comunicado. Ahora, tras la declaración de competencia, se convocó a una audiencia de accionistas para el próximo 29 de marzo.

En total, la deuda de la firma es de 1.350 millones de dólares, dividida entre 1.000 millones de dólares correspondientes a los bancos y el resto a empresas del sector agrícola. El Banco Nación es el principal acreedor con 18 mil millones de pesos, seguido por el Provincia con 1.600 millones y el BICE con 5 millones.