El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei contempla una reducción de las contribuciones patronales a las obras sociales, que pasarían del 6% al 5%, mientras que el aporte de los trabajadores se mantiene en 3%. Esta medida significaría un recorte superior a $100.000 millones por mes para el sistema de salud sindical.

Impacto de la reforma laboral obras sociales en el sistema de salud sindical

Especialistas advierten que la reducción podría afectar significativamente al sistema de salud tripartito argentino, compuesto por el sector público, las obras sociales sindicales y el sistema privado. Según Carlos Regazzoni, médico y exdirector del PAMI, la medida podría implicar una caída del 11% en la recaudación de las obras sociales, profundizando la presión financiera que ya atraviesa el sector.

El recorte se produce en un contexto de fragilidad económica para muchas obras sociales. Estimaciones privadas señalan que el costo mensual del Programa Médico Obligatorio (PMO) se ubica entre $65.000 y $70.000, un nivel difícil de sostener con aportes reducidos. La mayor parte de los fondos del FSR se destina a prestaciones vinculadas a la discapacidad, limitando la capacidad de cubrir al resto de los afiliados.

José Luis Lingieri, titular de Acción Social de la CGT, advirtió que varias obras sociales ya están aportando recursos propios para sostener su funcionamiento, una situación que no podría mantenerse si se profundiza la reducción de aportes. También criticó la falta de consenso con el sector sindical en la elaboración de la reforma.

Aunque el gobierno plantea que la reforma generará mayor empleo formal y aumento de recaudación, los sindicatos señalan que el sistema no estaría en condiciones de atender a más afiliados con menos recursos disponibles. Esto afectaría especialmente a los trabajadores de menores ingresos, mientras que los de mayores ingresos suelen derivar sus aportes a prepagas privadas.

La baja de un punto en la alícuota patronal implicaría una pérdida mensual cercana a $16.500 millones para el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), con un recorte total estimado en $106.000 millones por mes para las obras sociales.