El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tras un fallo judicial

La medida fue oficializada mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que la Justicia ordenara su aplicación inmediata. La norma define el nuevo régimen de pensiones por discapacidad y reorganiza la estructura institucional del área.

El Gobierno nacional reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, en cumplimiento de un fallo judicial que había ordenado su entrada en vigencia inmediata y la implementación del nuevo régimen de pensiones. La decisión se conoció a pocas horas de vencer el plazo fijado por la Justicia y se dio en paralelo a la designación de nuevas autoridades en el área.

La reglamentación responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y estableció como fecha límite el 4 de febrero para su aplicación plena. La norma, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, había sido objeto de un fuerte conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la Justicia.

Un conflicto político y judicial

La controversia se inició cuando el Ejecutivo intentó impedir la aplicación de la ley mediante un veto, argumentando la falta de recursos presupuestarios para afrontar las nuevas prestaciones. Si bien el Congreso insistió en su promulgación, el Gobierno dispuso luego suspender su implementación hasta que se definiera una fuente de financiamiento.

Esa decisión derivó en una acción de amparo colectivo, presentada por un particular en representación de sus hijos, que reactivó el debate en el ámbito judicial. El juez de Campana falló a favor de los reclamantes, anuló la suspensión y ordenó la inmediata aplicación de la Ley N.º 27.793. Pese a los recursos presentados por el Ministerio de Salud y otros organismos, el magistrado fijó un plazo máximo de 30 días para que la norma fuera reglamentada.

La publicación del decreto se produjo sobre el final de ese período.

Qué establece la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Decreto 84/2026 define los criterios del nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, incluyendo requisitos de acceso, procedimientos de evaluación socioeconómica e incompatibilidades con otras prestaciones. El Gobierno sostuvo que la reglamentación era necesaria para establecer mecanismos de control y auditoría, y asignó la implementación a la Secretaría Nacional de Discapacidad, que pasa a depender del Ministerio de Salud.

La normativa obliga además a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación y a presentar, en un plazo máximo de 30 días, un plan de auditorías periódicas. También prevé la articulación con organismos de la sociedad civil, como el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, con el objetivo de garantizar una mirada federal y participativa.

El decreto reconoce las restricciones fiscales y establece que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias de cada jurisdicción.

El desafío de la transición

Uno de los puntos más complejos de la reglamentación es la conversión automática de las pensiones no contributivas vigentes al nuevo esquema, ahora denominado Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La Secretaría deberá identificar y verificar miles de prestaciones para asegurar una transición ordenada y coherente con los nuevos criterios.

Asimismo, la norma dispone prevenir la superposición con otros beneficios previsionales, coordinar con políticas de inclusión laboral y realizar auditorías periódicas, responsabilidades que recaerán tanto en la Secretaría como en el Consejo Federal.

Nueva conducción en el área de Discapacidad

Tras la reglamentación, el Gobierno formalizó la designación de Alejandro Alberto Vilches como secretario Nacional de Discapacidad. El médico sanitarista ya se desempeñaba desde agosto de 2025 como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad. La Secretaría será el organismo rector de las políticas públicas en la materia, desde la regulación de certificados hasta el diseño de apoyos específicos.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger, y aclara que su dictado no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial. El texto señala expresamente que la reglamentación se dicta “sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos”.

La norma entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, marcando un nuevo capítulo en una ley atravesada por tensiones políticas, judiciales y presupuestarias.