La firma X3 SA, responsable de la obra donde murieron cinco obreros, fue creada hace apenas un año y declaró como sede un piso 40 que no existe en un edificio de solo cinco plantas, según constató este medio. La empresa no es conocida en la Cámara del sector y su historial es un misterio.

La investigación por la tragedia que cobró la vida de cinco jóvenes obreros en San Lorenzo tomó un giro revelador: la empresa constructora a cargo de la obra, X3 SA, declaró un domicilio legal “fantasma” en la ciudad de Rosario.

Según documentos oficiales, la empresa inscripta en octubre de 2023 estableció su sede legal en Córdoba 797, piso 40, oficina 8. Sin embargo, una verificación en el lugar constató que el edificio en cuestión, conocido como “Bola de Nieve”, tiene apenas cinco pisos. En el interior no se encontró rastro alguno de la empresa: ni cartelería, ni personal, ni referencia alguna a su nombre, desmintiendo la información presentada en su estatuto oficial.

La X3 SA no solo opera desde una dirección inexistente, sino que es una completa desconocida para la Cámara de la Construcción de Rosario, que confirmó que la firma no está asociada a la entidad gremial. Tampoco posee presencia digital o un historial de obras públicas que avale su experiencia.

Los titulares de la empresa son Andrea Paola Pieroni (43), quien ejerce la presidencia, y Marcos Jesús Antonio Fernández (44), ambos de Venado Tuerto. El capital social declarado es de 1,5 millones de pesos, un monto bajo para el rubro.

El accidente ocurrió el domingo al mediodía cuando el montacargas en el que descendían los cinco operarios se desplomó desde el noveno piso. La violencia del impacto causó la muerte de cuatro de ellos en el acto; el quinto, Fernando Guerra de 27 años, falleció este lunes en el hospital.

Las víctimas, Matías Ezequiel Aquino (30), Lucas Agustín Palacio (25), Alexis Ramón María Cettour (25) y Axel Maximiliano Vanwelle (25), junto a Guerra, eran trabajadores itinerantes que se movían entre provincias, muchos de ellos en condiciones laborales precarias y posiblemente no registrados.

La investigación del fiscal Leandro Lucente y del Ministerio de Trabajo provincial se centra ahora en determinar si la empresa cumplía con todas las normativas de seguridad. El caso podría derivar en imputaciones por homicidio culposo y en una profunda investigación sobre las prácticas de contratación en el sector de la construcción, un mercado que vuelve a quedar bajo la lupa tras una de las tragedias laborales más graves de las últimas décadas en Santa Fe.