Se trata de dos departamentos del Fonavi de Grandoli, en la zona sur de esa ciudad, relacionados a la venta de estupefacientes. Su inactivación se da en el marco de la Ley de Microtráfico. Los regenteaban allegados a narcos presos, uno de los cuales ordenó balear un colectivo tiempo atrás como reacción a las condiciones de detención a las que está sometido.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, y el fiscal Franco Carbone, presenciaron la inactivación de dos inmuebles ubicados en Sánchez de Thompson al 100 bis y al 200 bis. Se trata de dos departamentos del Fonavi de Grandoli, en la zona sur de la ciudad de Rosario, que están vinculados a la venta de estupefacientes, y su inactivación se da en el marco de la Ley de Microtráfico.

En la oportunidad, el ministro Cococcioni explicó que “el primero está vinculado a la pareja de René Ungaro (narco detenido hoy en el penal de Marcos Paz). Es un lugar donde se hizo un secuestro muy importante de estupefacientes, incluso después por su cantidad fue puesto a disposición de la Justicia Federal. Pero eso no impide que a nivel local se prosiga la inactivación del punto de venta que, en este caso es un departamento de un edificio, se va a hacer mediante bloqueo físico de abertura, sin perjuicio de lo que después pueda debatirse en terreno judicial y el lugar no va a poder seguir siendo utilizado para nada”.

Luego, dijo que el operativo continúa en un “domicilio muy emblemático”, porque “fue donde se lo aprehendió a quien disparó contra un colectivo del transporte urbano de pasajeros” y destacó que “eso fue hace menos de tres meses” y la Fiscalía y la Policía de Investigaciones “ya pudieron esclarecer el hecho, detener a los autores, llevarlos ante los estrados judiciales y hoy se está logrando la inactivación de ese lugar que también funcionaba como punto de venta de estupefacientes”.

La investigación judicial

Por su parte, el fiscal Franco Carbone recordó cómo la investigación llegó a identificar estos puestos de venta de estupefacientes: “El 5 de septiembre a la noche, en Espiro y Grandoli, una persona ataca a balazos a un colectivo de la línea 146. Rápidamente llegamos a una intervención en un allanamiento con una orden fiscal hasta este lugar y acá fueron aprehendidos los dos autores del hecho, uno de 16 años y el otro mayor de edad. Secuestramos gran cantidad de bochitas de estupefacientes, un chaleco balístico y material armamentístico. Después con el correr de los días se hicieron más allanamientos en torno a esta investigación y pudimos demostrar que este departamento era regenteado por Carlos Fernández, apodado Pelo Duro”.

“Uno de los departamentos fue usurpado por él y se lo regenteaban distintas personas fungibles o soldaditos como los que cometieron este hecho. En el otro departamento se encontraba la esposa de René Ungaro y ahí se encontraron 9 kilos de drogas sin fraccionar, concretamente 9 ladrillos de cocaína. Ese es el otro lugar que inactivamos en el día de hoy”, agregó

Sobre el final, el funcionario judicial se refirió al móvil de la balacera al colectivo : “La instigación desde la cárcel, justamente era una especie de protesta respecto a las condiciones de detención en el pabellón de alto perfil, que en esos momentos Fernández tenía en Coronda y que, después de todo esto, fue trasladado a Piñero. Básicamente el móvil es similar a los hechos del mes de marzo pasado, y el modus operandi, también, utilizando menores de 16 años. Hoy tenemos 5 personas ya detenidas en prisión preventiva, confirmado por la Cámara respecto a este hecho”.

Inactivación y derribo de puntos de venta de droga

Cabe recordar que operativos como este se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.

La inactivación y/o derribos de puntos de venta de droga son una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.