La situación fue misteriosa pero también propia de lo que en un pueblo pequeño incita a hablar todo el tiempo. Hace dos semanas en San Jerónimo Sud,  comenzaron a circular imágenes de contenido sexual de mujeres jóvenes de la localidad y de algunas otras de la zona. Se decía que eran fotos o videos con algún nivel de edición. Se presumía que alguien había manipulado contenidos pornográficos a los que agregaba los rostros de habitantes del pueblo. Las imágenes parecían canalizarse por algunas redes de comunicación pero no había elementos presentados ni en comisaría ni en fiscalía para avanzar con una pesquisa.

Una mujer de San Jerónimo Sud se presentó en la comisaría. Dijo que se sentía perjudicada a nivel personal porque varias personas le habían dicho que las fotos que ya eran motivo de las murmuraciones del pueblo circulaban en la red social Telegram asociadas a su línea telefónica móvil. Afirmó estar desconcertada ante la reiteración de planteos que le parecían incomprensibles y que quería saber de dónde provenía todo aquello.

La comisaría comunicó a la fiscalía de San Lorenzo lo denunciado. Era la primera referencia en un caso donde todos se movían a ciegas. Había un legajo con una decena de mujeres que hablaban de contenidos porno que las afectaban pero ninguna autoridad tenía el menor indicio para buscar algo ni mucho menos imágenes de lo que aludían. Sobre todo cuando el delito supuesto es de instancia privada, es decir, requiere que la víctima pida su investigación, que no se puede hacer de oficio, como por ejemplo un delito contra la propiedad. Pero el planteo de la mujer sería la punta de un hilo.

Desde la fiscalía a cargo de Aquiles Balbis se centraron en el relato de la denunciante, averiguaron quien era y no surgió nada anormal. Pero cuando examinaron a su pareja, un hombre de 49 años, encontraron un dato por demás de llamativo: había tenido un único antecedente penal, que terminó en el archivo, por distribución y circulación de material pornográfico, a raíz de una denuncia de la entidad civil Missing Children. No había ninguna carga imputativa pero resultaba sorpresivo y sugerente. Por eso se ordenó un allanamiento a su casa de San Jerónimo Sud. Se realizó este viernes. De su vivienda se llevaron seis teléfonos celulares, dos pendrives, una notebook 29 CDs y DVDs, una cámara fotográfica y cinco archivos de memoria.

Todos esos soportes serán peritados en estos días en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para peinar su contenido. Lo mismo se está haciendo con los contenidos de Telegram que circulaban a partir del teléfono de la mujer que hizo la denuncia. ¿Quién utilizó ese teléfono? Hay suspicacias claras pero no una respuesta. Los empleados de la fiscalía se pusieron en contacto con sus colegas que llevaron la denuncia anterior y la terminaron desestimando. ¿Por qué razón? Porque no se pudo determinar quién era el que había descargado aquellos contenidos pornográficos.

Missing Children llegó al hombre bajo sospecha, marido de la denunciante, a partir de una dirección IP, que es el número exclusivo que identifica a dispositivos informáticos: cualquier computadora, laptop o teléfono inteligente conectada a la red y que permite llegar a esos aparatos. Con ello llegaron a este vecino de San Jerónimo. Pero en su defensa, entre otros argumentos, alegó que la red de wifi, que era de una verdulería contigua a su casa, era usada por una cantidad indeterminada de personas lo que volvía imposible probar quién había bajado esos contenidos. Eso obligó a cerrar el legajo por falta de evidencia.

Las mujeres denunciantes señalaron en la fiscalía que entraban a Telegram y veían contenido pornográfico con sus rostros. Ahora se deberá establecer si los contenidos son verdaderos o falsos, que es un problema no de curiosidad sino de índole penal. Si hubo un montaje no hay delito penal aunque se puede dar lugar a una acción civil por el resarcimiento o reparación que puede caber. Otra cosa es si alguien se apoderó indebidamente de contenidos auténticos que las víctimas pudieron haber registrado y los puso a circular a manera de escarnio. Eso sí es perseguible penalmente siempre y cuando la víctima impulse la acción. En rigor, si hay una edición o robo de imágenes auténticas es algo que ni en sede policial o judicial se sabe.

Las víctimas son todas mujeres jóvenes y son más de una decena. No hay nada para atribuirle mérito a la mujer desde cuya línea se distribuyó material que vive con una persona a la que llegaron porque desde su IP circulaba, hace siete años, material porno. No hay responsable de una maniobra pero sí una explicación insinuada. Para algo que había sido completamente fantasmal.

En realidad lo que no había era algo que permitiera un avance: hace diez días solo estaba la manifestación de las jóvenes. No había una imagen, un video o una referencia al contenido de la red social aludida que permita acreditar lo que se denuncia. Algo cambió cuando una vecina se presentó y contó que le señalaban que los contenidos se viralizaban desde su teléfono. Hay una pesquisa abierta, material abundante a peritar y de allí se establecerá lo que pasó y si hay un responsable.

Fuente La Capital