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Segundo día de paro de empleados judiciales sin asistencia de trabajo

La lucha de los trabajadores judiciales es histórica y no tiene precedentes en las últimas décadas. Aunque el lunes se anunció un decreto provincial que asigna una nueva partida presupuestaria de 5200 millones de pesos para la Justicia, destinada a pagar los retroactivos adeudados, el gremio ha señalado que este es solo un avance parcial. Aún quedan pendientes otros reclamos laborales, como los 158 expedientes sin resolución en el escritorio del gobernador, por lo que han decidido mantener el paro programado para este jueves sin asistencia al trabajo.

Este miércoles, los trabajadores realizaron una movilización en la capital santafesina hasta la casa de gobierno. Desde el sindicato, advirtieron a los empleados judiciales sobre su derecho a huelga, instándolos a informar al Sindicato ante cualquier intento de perturbación en el ejercicio de ese derecho, que está garantizado tanto por la Constitución Nacional (artículo 14 bis) como por la Provincial (artículo 20).

Aunque los reclamos de los empleados judiciales han ido aumentando con el tiempo, ahora parece haber progreso en algunos aspectos. El sindicato asegura que el pago de los retroactivosdebería incluir los meses de mayo, junio, julio, agosto y una parte proporcional del aguinaldo, pero hay otros reclamos que aún esperan respuesta. Por ello, han decidido continuar con las medidas de fuerza hasta que se aborden todas sus solicitudes.

Juan Pablo Langella, en declaraciones públicas, comentó que si el gobierno comienza a cumplir «la promesa pública de Bastia» sobre la firma de decretos relacionados con ascensos e ingresos, el paro podría levantarse. Esto representa una esperanza en esta intensa lucha laboral.

Debido a esta medida de fuerza, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que informa sobre la suspensión de términos procesales y audiencias programadas para este jueves en todas las sedes judiciales de la provincia de Santa Fe, aunque se aclaró que las actividades que los responsables de las unidades jurisdiccionales decidan realizar y los actos que cuenten con el consentimiento de las partes podrán llevarse a cabo.

Con Información de El Ciudadano

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