Los sindicatos aceiteros solicitaron una audiencia con la Corte Suprema de Justicia de la provincia, preocupados por la situación laboral. En esa línea, los representantes legales de Vicentín, también pidieron una audiencia con el máximo tribunal que deberá decidir si homologa el acuerdo entre las empresas o lo rechaza.

La situación judicial de la empresa Vicentín preocupa no sólo a las autoridades de la firma, sino también a los gremios aceiteros por el futuro laboral de los trabajadores. En ese marco, los tres líderes sindicales del sector han solicitado una audiencia urgente para discutir la situación que enfrentan los empleados de las plantas de VICENTIN S.A.I.C.

En representación de sus respectivos sindicatos, Daniel Succi, Secretario General del Sindicato de Obreros, Opto. San Lorenzo; Leandro Monzón, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Demotadores de los Opto General Obligado y San Javier; y Daniel Yofra, Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, han enviado una carta solicitando el encuentro al presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco.

Los sindicalistas expresan su preocupación sobre el futuro laboral de los empleados de Vicentín, resaltando que las decisiones de la Corte juegan un papel crucial en la continuidad de las fuentes de trabajo. Por ello, solicitan un espacio de diálogo que permita abordar esta problemática de manera efectiva y encontrar soluciones que garanticen la estabilidad laboral y el bienestar de la comunidad que depende de estas plantas.

La solicitud de audiencia pone de manifiesto la necesidad de un diálogo constructivo entre las partes involucradas, en un contexto en el que la incertidumbre laboral se ha intensificado. Los líderes sindicales esperan una pronta respuesta a su petición para poder discutir los próximos pasos en defensa de los derechos de los trabajadores.

La semana pasada, se cumplieron cinco años desde que la agroexportadora Vicentin presentó su concurso preventivo ante el juzgado de Reconquista, tras declararse en default meses antes.

Se espera que en esta semana haya una resolución que podría seguir dos vías: la homologación del acuerdo entre la empresa y sus acreedores, o el rechazo de este y un eventual cram down (salvataje).

Vicentín reconoció una deuda aproximada de 1.400 millones de dólares y dejó de pagar el 4 de diciembre de 2019. El pedido de concurso preventivo fue realizado el 10 de febrero de 2020, afectando a cerca de 2.000 acreedores, que incluyen productores y bancos nacionales e internacionales. En medio de diversas idas y venidas, se anticipa que la Justicia tomará una decisión sobre el concurso, lo cual podría marcar un punto de inflexión en esta situación.

La Corte de Santa Fe podría ratificar el fallo de la Cámara de Reconquista, homologando el acuerdo entre Vicentin y sus acreedores (ACA, Bunge y Viterra), o rechazarlo, dando paso al cram down. En ese caso, el expediente volvería a Reconquista, y la continuidad de la empresa dependería de Fabián Lorenzini.

Desde Vicentin han manifestado que solo aceptarán la homologación y advirtieron que, si se rechaza la homologación, la empresa podría terminar en quiebra.

Por otro lado, el grupo Grassi, uno de los principales acreedores, confía en que la Corte habilite el proceso de salvataje mediante su fallo, lo que les permitiría presentar una propuesta económica diferente a la de Vicentin.

Estanislao Bougain, director independiente de Vicentin, expresó: «No tenemos plata y si dejamos de trabajar tampoco tendremos para pagar sueldos», refiriéndose a las medidas de fuerza por parte de los trabajadores. Bougain explicó que el procedimiento preventivo de crisis, rechazado por el sindicato, podría haber permitido a la empresa obtener recursos para pagar salarios, aunque reconoció que este pago se habría hecho sin cargas sociales.

En esa línea, el equipo de abogados que representan a la firma Vicentín también solicitaron al máximo tribunal que considere todas las circunstancias relacionadas con la propuesta de acuerdo de Vicentin para no perjudicar a sus acreedores, trabajadores y al fisco y solicitan una audiencia para proporcionar información adicional.

En ese escrito, los representantes legales señalan que las pérdidas significativas que ha sufrido Vicentín desde el inicio del proceso, que ascienden a U$S 47,4 millones en capital de trabajo, entre (pérdidas y cancelaciones de pasivos privilegiados o gastos concursales) y abonó sueldos, salarios y contribuciones sociales por U$S 106,3 millones.

Vicentin S.A.I.C. está atravesando un momento crítico, a pesar de haber cumplido en tiempo y forma con el pago del Salario Anual Complementario (SAC) y los sueldos de diciembre de 2024. La empresa ha comunicado a sus trabajadores que la actividad durante este periodo no generó los ingresos necesarios para afrontar el pago del 50% de la “Gratificación Extraordinaria No Remunerativa”, prevista para el 10 de enero de 2025. Esta situación llevó a los sindicatos SOEA y Federación a decidir el cese de actividades por tiempo indeterminado.

Ante este escenario, Vicentin solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, seguido de una gestión ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, lo que resultó en la declaración de la conciliación obligatoria el 14 de enero. Desde el inicio del cese de actividades, el impacto ha sido significativo: la empresa pasó de gestionar 450 camiones diarios de girasol a apenas 150, hasta llegar a cero camiones por día, evidenciando la grave retracción de clientes frente a la situación de riesgo que presenta la empresa.

Además, resaltaron que Vicentin se enfrenta a una nueva presión, ya que los contratos con los inversores estratégicos que respaldan su propuesta concursal vencerán el 28 de febrero, lo que se traduce en una inminente amenaza de incertidumbre financiera. Aunque la empresa espera poder prorrogar estos contratos, la falta de certeza sobre la reacción de los inversores ante la situación actual complica las negociaciones.

Sostuvieron que pese a los esfuerzos comerciales de la empresa para mantener sus operaciones, la incertidumbre ha llevado a la falta de contratos de fazón relacionados con la molienda de soja, que es su actividad principal. Actualmente, solo disponen de contratos para la molienda de girasol, que comenzaron en enero. La planta, ubicada en San Lorenzo, se abastece de girasol del Norte, pero la situación se agrava ya que el flujo de camiones se ha desviado a otras plantas, y no se espera recuperar estos ingresos en el corto plazo.

Sin contratos de fazón y con la situación financiera complicada, Vicentin no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones financieras, incluidos los salarios de su personal. La empresa ha subrayado que para garantizar su continuidad, lo que a su vez contribuye a la sostenibilidad de la provincia y la región, es crucial contar con previsibilidad que permita su viabilidad operativa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de todos los involucrados en el desarrollo del polo productivo, Vicentin no puede asegurar la continuidad de su actividad bajo las condiciones actuales, según expresaron desde el equipo de abogados que solicitan una audiencia a la Corte Suprema de Justicia.