La jueza Eleonora Verón rechazó esta tarde el pedido de inconstitucionalidad para imputar al senador Armando Traferri como parte de una red dedicada al juego clandestino en la provincia de Santa Fe. Ahora los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra apelarán la resolución ante la Cámara.
Los fiscales del MPA habían solicitado a la justicia que fuese declarado inconstitucional el artículo 27 de Código Procesal Penal de Santa Fe que plantea la posibilidad de desafuero: ” Cuando hubiera mérito para formular acusación respecto de un legislador o miembro de una convención constituyente, el Fiscal se abstendrá de hacerlo y así lo declarará por requerimiento fundado, solicitando a la Cámara o cuerpo respectivo el desafuero correspondiente”, luego de que la Cámara de Senadores rechazara el mismo pedido en el mes de febrero por doce votos en contra, cuatro a favor y tres abstenciones.
Tras esta decisión de la justicia, cuyos fundamentos se conocerán en las próximas semanas, Traferri no podrá ser imputado al menos hasta que la apelación se resuelva. En la audiencia de hoy, el fiscal Schiappa Pietra señaló que Traferri presentó su descargo por escrito y que no se desaforó voluntariamente.
La previa de la audiencia que comenzó a las 18 horas estuvo salpicada de confusiones y declaraciones picantes. Días previos a la realización de la misma, algunos medios de comunicación habían informado que hoy estarían todos los actores presentes; además de la jueza y los fiscales del MPA, también estaban citados Traferri y la vicegobernadora Alejandra Rodenas quien firmó como presidenta del senado el pedido de cierre de la causa, ocasionando un quiebre institucional sin precedentes. Pero el abogado del senador departamental por San Lorenzo negó tales aseveraciones y volvió a apuntar al ex ministro de seguridad Marcelo Saín: «Tomaron el dato de que hay una audiencia en la que el empresario Leonardo Peiti, que ya está imputado como organizador de asociación ilícita en la causa de juego ilegal, debe definir dónde se lo habilita a firmar semanalmente por la condición que lo ata al proceso en libertad. Y a partir de allí dijeron que Traferri debía asistir. Es una mentira, una opereta mediática orquestada por el Ministerio Público de la Acusación que se dedica a armar operaciones políticas”, declaró el letrado en Radio Horizonte. Más tarde se supo que la audiencia de Peiti tampoco se iba a realizar, debido que el empresario que había pedido cambiar el lugar en la que debe realizar la firma ante la Oficina de Gestión Judicial a un lugar más cercano, desistió de tal solicitud. Y en el caso de Traferri, nunca estuvo citado, como lo adelantó su asesor jurídico.
La causa del juego clandestino en la provincia de Santa Fe suma varios capítulos y muchos protagonistas. El fiscal Schiappa Pietra había declarado que Traferri era uno de los organizadores junto al empresario Leonardo Peiti de una red que regenteaba casinos clandestinos protegida por fiscales del MPA, policías y ex policías, abogados y empresarios (ver nota). La investigación había comenzado el año pasado cuando la Agencia de Investigación Criminal estaba detrás de la banda “Los Monos” sobre una causa de hechos de extorsión a comerciantes. En ese marco, el asesinato del bancario Enrique Encino en enero del 2020 en el Casino City Center fue vinculado a dichas extorsiones Maximiliano “Cachete” Díaz, ladero de Ariel Cantero.
Los fiscales llegaron así a Leonardo Peiti, el empresario ligado al juego clandestino como miembro de la organización y éste declaró como arrepentido que le pagaba a los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad entre 4 mil y 5 mil dólares mensuales por protección judicial y para desviar investigaciones. Fue éste último que en una audiencia confesó que recibía dinero de parte de Peiti y vinculó a Traferri como el organizador de la red.
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