La medida fue solicitada por la querella y aceptada por los jueces para proteger a los hijos y el entorno familiar de la víctima. Grandi había sido absuelto por el femicidio de Carolina Díaz, pero cuenta con condena firme por abuso sexual contra una de las menores, hija de la mujer que murió tras agonizar un mes en 2021, debido a las quemaduras graves en su cuerpo.

En un fallo que busca equilibrar los derechos de las partes en un caso cargado de dolor y tensiones, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la familia de Carolina Díaz –víctima de femicidio– y prohibió a Luis Grandi acercarse a menos de 100 metros de los domicilios de sus hijos, su entorno familiar y el establecimiento educativo al que asisten los menores. La decisión se tomó en el marco de la causa por el asesinato de Díaz, del cual Grandi fue absuelto esta semana, tras un recurso de apelación, aunque se mantiene una condena firme por abuso sexual contra una de las menores, del cual ya cumplió la pena.

El caso tuvo un revés judicial cuando la Cámara de Apelaciones revirtió la condena de primera instancia por el homicidio de Carolina Díaz y absolvió a Grandi “por el beneficio de la duda”. Sin embargo, la condena por abuso sexual –también contra una de las hijas de la víctima– se mantuvo firme, con una pena de tres años que, según se indicó, ya había sido cumplida.

Frente a esta situación, la familia de la víctima y la querella solicitaron urgentemente una medida de restricción, argumentando el “terror” que viven los menores desde que Grandi recuperó la libertad. “Tienen miedo de salir a la calle, no quieren ir al colegio. Viven con el temor de encontrarse con su agresor”, expresó durante la audiencia el Dr. Gabriel Filippini.

Hipólita Velázquez, abuela de los niños, y madre de Carolina, relató con angustia el impacto emocional que la noticia de la libertad de Grandi provocó en su familia: “Mis nietos no quieren ir a la escuela desde el martes. Tengo miedo por lo que él pueda hacer. Tenemos un asesino y un abusador en la calle”.

Por su parte, el fiscal Carlos Ortigoza respaldó la solicitud de la querella, señalando que “hay una apariencia de responsabilidad” y que la medida cautelar resulta procedente para proteger a las víctimas mientras no esté firme la sentencia.

La defensa de Grandi, en cambio, cuestionó la petición y alegó que se estaban vulnerando los derechos constitucionales de su defendido, como el de “transitar libremente” del art 14 de la Constitución Nacional. Su abogado, Gardalli, sostuvo que Grandi “no quiere problemas con nadie” y que solo desea “seguir con su vida y estar presente en la de su hijo”.

Incluso, Grandi habló ante el tribunal y señaló que desde que está en libertad puede acompañar a su hijo a sus actividades y que desea que esto continúe de esta forma.

No obstante, el tribunal –con el respaldo de los jueces Vacca, y Cattáneo– pero Minetti en disidencia consideró que, en resguardo de los derechos de las víctimas y ante la situación procesal aún no firme, correspondía imponer la restricción. Se fijó, entonces, la prohibición de acercamiento a 100 metros de los domicilios de la familia Díaz y del colegio al que asisten los menores.

La decisión judicial llega en un contexto de alta tensión comunitaria en Puerto General San Martín, localidad donde residen tanto la familia de Carolina Díaz como Luis Grandi, quien actualmente vive en la casa de su padre en San Lorenzo.

El caso continúa abierto, ya que la querella anunció que interpondrá un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, en busca de que se revise la absolución de Grandi por el femicidio de Carolina Díaz. Mientras tanto, la prohibición de acercamiento se mantendrá vigente.