En una audiencia marcada por acusaciones de hostigamiento, amenazas y una firme defensa, el tribunal decidió mantener las salidas laborales de Facundo Quiroga, quien se encuentra en prisión preventiva, aunque bajo la condición estricta de que no pueda utilizar un teléfono celular. La decisión se tomó tras escuchar los argumentos de la querella, la fiscalía y la defensa, quienes presentaron visiones diametralmente opuestas sobre la conducta del imputado.

La querella, representada por Juan Manuel Fascia, y la fiscalía, a cargo de Maximiliano Nicossia, solicitaron la revocación de la medida cautelar que permite a Quiroga salir a trabajar. Fundamentaron su pedido en una serie de videos subidos a Instagram —supuestamente grabados y publicados por el propio Quiróga— en los que, alegaron, se hostiga e intimida a la víctima, se menciona y condiciona a posibles testigos, y se lanzan graves amenazas de muerte contra el juez, el fiscal y la querella.

“Los voy a matar a todos. Así dice el video”, citó el fiscal Nicossia durante su exposición, refiriéndose a una de las publicaciones. Se argumentó que Quiroga utilizó la posibilidad de salir a trabajar para obtener un teléfono celular —artículo prohibido en el sistema penitenciario— y desde allí generar una campaña de “desinformación y revictimización”.

La defensa: “Es una crítica al sistema, no amenazas”

Frente a estas acusaciones, la abogada defensora Paula Rios sostuvo que su cliente no realizó amenazas, sino que ejerció su derecho a criticar un sistema judicial que considera injusto. Aseguró que Quiroga se encuentra “privado de la libertad injustamente” y que lo expresado en los videos “no tiene ninguna falsedad”.

Rios solicitó directamente la libertad de su defendido, argumentando que “no es peligroso ni tiene peligrosidad de fuga”, y enfatizó la importancia de que mantenga su trabajo tras “dieciséis años” de trayectoria, para poder mantener a su hijo. Reconoció que el “modo no fue el adecuado”, pero insistió en que su cliente actuó por “enojo” ante una acusación que considera falsa.

La advertencia del juez: “Lo que hay que decir, se dice acá”

El presidente del tribunal, el juez Carlos Gazza, fue contundente al dirigirse a Quiroga. Le recordó que, si bien tiene derecho a declararse inocente y a opinar sobre el sistema, “lo que hay que decir hay que decir acá”, en la audiencia, y no en “un reel de Instagram”. Subrayó especialmente la prohibición de hablar o referirse a la víctima, acto que calificó de “revictimizador”.

Gazza justificó la decisión de mantener la salida laboral —originalmente ordenada por la Cámara de Apelaciones— considerando principalmente la necesidad de que Quiroga pueda trabajar para la manutención de su hijo. Sin embargo, fue claro al imponer una condición inquebrantable: la prohibición total del uso de teléfonos celulares, incluso para contactar a su familia.

El fallo: Salidas laborales se mantienen con una restricción clave

Finalmente, el tribunal resolvió no revocar las salidas laborales, pero las supeditó al estricto cumplimiento de la prohibición de usar cualquier dispositivo de comunicación móvil. La decisión busca equilibrar el derecho al trabajo del imputado con la imperiosa necesidad de proteger a la víctima, garantizar el normal desarrollo de la causa y evitar cualquier acción que pueda obstaculizar la investigación.

El caso, que continúa su curso hacia un eventual juicio oral, deja en evidencia la tensión entre los derechos de un imputado en prisión preventiva y los mecanismos legales diseñados para proteger el proceso y a las víctimas.