Un accionista de IDM denuncia enterramiento ilegal de 10.000 toneladas de residuos peligrosos

Un accionista de la firma IDM, Jorge Alberto Aragón, denunció que la empresa enterró más de 10 mil toneladas de residuos peligrosos en cavas particulares en lugar de tratarlos.

Aragón, que posee el 17 por ciento de la compañía, asegura que la situación viene desde 2018. Según su testimonio, los residuos que llegaban a la planta no eran procesados y terminaban sepultados en la vía pública, mientras los clientes pagaban por un servicio de tratamiento que nunca se realizaba. Esto comenzó cuando murió su antiguo titular, Enrique Lauría.

El empresario acusa a la compañía de haber enterrado ilegalmente unas 10.000 toneladas de residuos peligrosos en cavas de la región, evadiendo el tratamiento correspondiente. “Hay videos, testigos y gente cerca de las cavas que tiene problemas de salud”.

La denuncia, que arrastra según Aragón desde 2018, detalla un presunto fraude ambiental donde las empresas pagaban por la disposición final de sus desechos, pero el servicio nunca se cumplía. “Estoy esperando que actúe un fiscal de oficio, un interventor o un veedor judicial, Esto se tiene que investigar. El fiscal Aquiles Balbis, no actuó”, agregó Aragón.

“Les cobraban por tratar los residuos, pero en realidad los acumulaban o los llevaban a cavas”, señaló el accionista en su relato a FM 93.5.

En las últimas horas, el empresario también denunció movimientos extraños en el predio. Actualmente, Aragón se encuentra con su familia en la puerta del predio realizando una vigilia de control. Según su testimonio, en los últimos días detectaron movimientos inusuales: Dijo que están retirando material durante la madrugada y que, por eso, permanece hace diez días en el lugar con su familia para controlar lo que ocurre.

Aragón afirmó que tiene videos, fotos y documentos para respaldar sus acusaciones, y pidió la intervención de un veedor judicial. Además, denunció un operativo policial frente al predio donde se encuentra junto a su esposa, su hija y un niño de siete años. “Mandaron decenas de policías cuando nosotros estábamos acá con mi esposa, mi hija y un nene de siete años”, afirmó.

El accionante reclamó que un fiscal actúe de oficio para investigar lo que calificó como una contaminación ambiental “terrible”.

El viernes al mediodía, Aragón señaló que vino gente del Ministerio, y que la fábrica está clausurada, pero que los portones están abiertos. También expresó que recibió amenazas.