Uno por uno, así votaron los diputados la reforma de la Ley de Glaciares

Los cambios a la norma, a pedir de boca de las mineras, se aprobaron con 137 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones

El gobierno de Javier Milei logró una nueva victoria legislativa. Esta madrugada, tras casi doce horas de debate, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados convirtieron en ley la reforma de la Ley de Glaciares, hecha a medida de las mineras. ¿Cómo votaron los legisladores?

La iniciativa, que cambia los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciares y -de este modo- flexibiliza las condiciones para desarrollar la explotación de recursos, se sancionó con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.

Quiénes votaron a favor de la reforma

Además de los diputados libertarios, votaron a favor los legisladores del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Adelante Buenos Aires (Karina Banfi), Por Santa Cruz (José Luis Garrido), Encuentro Federal (Nicolás Massot) y seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).

También acompañaron al Gobierno dos diputados de Unión por la Patria (UxP): Cristian Andino y Jorge Chica, ambos de San Juan.

Los diputados que se opusieron y los que se abstuvieron de votar

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Encuentro Federal (Miguel Pichetto), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota), Coherencia (Marcela Pagano) y Primero San Luis (Jorge Fernández).

Las abstenciones fueron de los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.

La reforma establece que solo las formaciones que cumplan una función hídrica relevante contarán con amparo legal, excluyendo al ambiente periglacial de aquellas formaciones que actúan como “reservas estratégicas de agua”. Las provincias incorporan nuevas facultades para determinar qué cuerpos integran el Inventario Nacional de Glaciares.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) conserva la titularidad del registro técnico, pero las autoridades locales asumen la responsabilidad de retirar o incorporar áreas del listado de protección oficial, siempre de acuerdo con criterios científicos que lo justifiquen.

Quienes apoyaron este cambio legislativo afirman que se busca “destrabar” proyectos mineros que contribuyen al desarrollo energético nacional y se encontraban anteriormente paralizados por la normativa vigente. Según esta postura, las prohibiciones de exploración y explotación quedan ahora únicamente circunscritas a zonas con importancia hídrica comprobada.

“No se trata de elegir entre ambiente o desarrollo, sino de tener ambos. Una ley mejor diseñada con criterios técnicos claros, con mayor participación provincial y controles efectivos puede lograr ese equilibrio”, dijo el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, en una reciente audiencia pública realizada en el Congreso.

Por otro lado, distintos sectores ambientalistas rechazaron la propuesta y manifestaron su reclamo en las inmediaciones del Congreso. Estos opositores advirtieron sobre lo que generará consecuencias permanentes en las cuencas hídricas.

Los alcances de la nueva autonomía provincial
Las evaluaciones de impacto ambiental quedan, a raíz de la nueva normativa, bajo control de cada jurisdicción. Aun así, se exige que los estudios técnicos determinen si una zona cumple o no con los servicios hídricos previstos. Aquellos glaciares que no reúnan estas condiciones pierden la protección especial de la ley 26.639.

El texto sancionado incluyó el principio precautorio, que establece que todos los cuerpos de hielo incluidos en el inventario actual mantendrán su resguardo hasta que la autoridad competente verifique la inexistencia de funciones hídricas.

Además, la reforma determina que las actividades productivas “deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras” y aclara que cualquier omisión de la actualización por parte del Ianigla no afectará la validez de las autorizaciones provinciales.