Los trabajadores aceiteros no cobraron aún los haberes de marzo, aunque la empresa tiene tiempo hasta el día 10. La incertidumbre entre los directivos en prisión y una reunión “de fasones” que fracasó.

La agroexportadora Vicentin continúa atrapada en un laberinto económico, judicial y operativo desde su declaración de cesación de pagos en 2019. La situación se ha vuelto aún más alarmante a principios de abril, con la incertidumbre sobre los salarios de marzo y abril que mantiene en vilo a los trabajadores de la empresa.

La falta de materia prima para procesar en sus plantas industriales ha provocado una parálisis productiva, impidiendo la generación de ingresos. En un intento por reactivar sus operaciones, se llevó a cabo una reunión denominada “mesa de fasones”, convocada por el juez del concurso preventivo, Fabián Lorenzini, junto a los veedores judiciales Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg.

Según contó el periodista Patricio Dobal, la reunión buscaba reunir a las partes interesadas en ofrecer soluciones para el abastecimiento de granos. Sin embargo, la ausencia de representantes de firmas clave involucradas en el plan de pagos de Vicentin ha generado preocupación y desconcierto sobre el futuro inmediato de la empresa.

Fuentes cercanas a la compañía informaron que la reunión no dejó definiciones claras sobre posibles acuerdos de abastecimiento, lo que acentúa la incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de las obligaciones salariales. Los trabajadores, que en su momento superaron los 1,300 en diversas plantas del norte santafesino, enfrentan nuevamente un futuro incierto, lleno de expectativas de pagos fraccionados o atrasados.

Paralelamente, la situación judicial de la dirección de Vicentin se complica tras la imputación de tres directivos actuales—Estanislao Bougain, Carlos Sartor y Daniel Foschiatti—por el presunto desvío de activos de la empresa en beneficio personal. Estos ejecutivos continúan en funciones a pesar de que son parte de un grupo de 19 referentes vinculados a Vicentin que enfrentan cargos por delitos económicos. Además, cuatro exdirectivos han sido detenidos bajo acusaciones de maniobras de vaciamiento y ocultamiento de bienes en detrimento de los acreedores.

Los fiscales del caso Vicentin aseguraron que los exdirectivos desviaron 6 mil millones de pesos para gastos personales

El plan de pagos propuesto por Vicentin en el marco del concurso preventivo está actualmente detenido tras ser rechazado por la Corte Suprema provincial, mientras la empresa busca que el caso sea elevado a la Corte nacional. Esta falta de apoyo operativa, la persistencia de un management bajo sospecha judicial y la ausencia de actores estratégicos durante las instancias críticas del proceso incrementan la percepción de que el futuro de Vicentin está comprometido.

La situación plantea grandes desafíos para la histórica agroexportadora argentina y sus miles de trabajadores, quienes continúan esperando respuestas y soluciones en un momento crucial para la empresa.

Martín Morales, secretario gremial del SOEA habló hoy en el programa Realidad Aumentada, y señaló que el panorama es complejo.

“No tendríamos que tener problemas para que paguen los salarios, pero el panorama no es el mejor, no nos interesa quién trabaja ahí adentro, sabemos que es una planta, tanto la de San Lorenzo como la de Ricardone que son plantas muy rentables y que siempre decimos, yo tengo un dicho, digo, ¿alguno la va a hacer funcionar. Es un negocio muy grande, que incluso creo que se ha generado una guerra comercial también en esto, ¿nPorque, si bien estamos en un panorama jurídico donde no hay seguridad jurídica, está a la vista que hay una guerra comercial entre dos factores muy importantes, uno de los que estaban dentro del concurso, Bunge, Viterra, ACA que no quieren soltar y están a toda posta de que le aprueben el concurso, porque para ellos es un buen negocio, lo cual nosotros no tenemos nada que decir, y por el otro lado el grupo de Grassi, que también está empujando por ver quién puede trabajar y quedarse con la empresa”.

Para Morales, no importa quien esté a cargo de la empresa mientras paguen los salarios. Esta semana junto a los sindicatos aceiteros de Reconquista enviaron una nota al juez Fabián Lorenzini, solicitando la intervención judicial para garantizar la preservación de las fuentes laborales.

“Con lo que pasó toda la semana pasada, yo creo que eso no ayuda mucho, No digo que no se lo merezca esta gente, con todo lo que hemos visto que pasó, no van a estar presos 120 días, sino van a estar presos 120 años si siguen saliendo cosas”, señaló Morales con respecto a los directivos imputados y con prisión preventiva.