El conflicto en Vicentin continúa. La cerealera ha solicitado al Ministerio de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y ha pedido una serie de medidas para su personal debido a la demora de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en la homologación final con los acreedores.

La solicitud fue presentada por Daniel Oreste Foschiatti, presidente de la compañía, y Mario Aníbal Ferreyra, su apoderado, en la Dirección Regional Rosario. En el documento, Foschiatti señaló que “frente a las reiteradas y persistentes dilaciones procesales” que impiden a la empresa obtener la homologación judicial de su propuesta de acuerdo en el marco de un concurso preventivo, es urgente reducir la brecha entre ingresos y egresos. Alcanzar la homologación permitiría a los tres Inversores Estratégicos asumir el financiamiento completo de la actividad, cubriendo todos los costos asociados y asegurando la estabilidad financiera de Vicentin.

La empresa, que intentó ser expropiada por el presidente Alberto Fernández, ha estado en concurso de acreedores desde febrero de 2020. En su comunicación, menciona la demora en la homologación final del proceso, que depende de la decisión de la Corte Suprema de la provincia. Desde junio de 2022, la compañía llegó a un acuerdo con la mayoría de sus acreedores, que al formalizarse permitirá el ingreso de inversores estratégicos —Viterra, ACA y Bunge—, quienes aportarían los fondos necesarios para el acuerdo con los acreedores y asegurarían la operatividad de todas las instalaciones.

Foschiatti subrayó que hasta el momento la empresa no ha dejado de cumplir con el pago de sueldos ni cargas sociales, ni ha generado pasivos post concursales. Sin embargo, considera esencial buscar soluciones concretas para aliviar la crisis financiera que ha enfrentado durante 29 meses, lo que obligó a solicitar el procedimiento conforme la Ley 24.013.

Una vez finalice el Procedimiento Preventivo de Crisis, Vicentin planteará, previo acuerdo con los sindicatos, cambios en aspectos relacionados con salarios y beneficios que se otorgaban a los empleados.

Según la solicitud, el pago de la segunda cuota del aguinaldo se fraccionará en cuatro partes; se suspenderá la “Gratificación anual” durante la duración del PPC; los reintegros por gastos de movilidad quedarán suspendidos; el beneficio del almuerzo/cena, actualmente gratuito, tendrá un costo de $200 diarios; la donación de 4,5 litros de aceite se cobrará $2000; y se suspenderá la entrega de 4 kg de leche en polvo hasta nuevo aviso, así como todo tipo de obsequios al personal, incluyendo las tradicionales cajas navideñas.

Asimismo, se iniciará un sistema de retiros voluntarios mediante acuerdos individuales, enfocándose en puestos que no requieran reemplazo externo o en aquellos empleados que estén próximos a jubilarse.

En total, Vicentin emplea a 1,065 personas: 642 están representadas por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo, 157 por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier, y 266 empleados están fuera de convenio.