Finalmente y tal como estaba previsto, YPF se queda con los activos de Oil Combustibles (OCSA), la petrolera de Cristóbal López por u$s85 millones. La operación fue aceptada por el Juzgado Nacional en lo Comercial 5, a cargo de Javier Cosentino y quien lleva la causa por la quiebra de la empresa que alguna vez representó el corazón del negocio del Grupo Indalo, creado por López y su socio, Fabián De Sousa, durante el anterior gobierno kirchnerista.

La semana pasada, ambos empresarios habían logrado frenar el remate de OCSA a través de un amparo que presentó su abogado, Aníbal Fernández, en contra del juez Cosentino. En su presentación, el ex ministro del Interior del gobierno kirchnerista acusó al juez Cosentino de “poseer interés directo en la causa” en la cual se lleva adelante un proceso judicial para intentar recomponer los activos de la quebrada OCSA a partir de una nueva gestión empresaria.

Según la presentación, la recusación propuesta se funda en la causal prevista por el artículo 17, inciso 2, del Código Procesal Civil y Comercial que hace referencia al supuesto de que un juez pueda tener interés en el caso. Fue la segunda recusación que llevaron adelante Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa en contra de Cosentino, siempre asesorados legalmente por el ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el kirchnerismo y ex ministro del Interior del gobierno de Cristina Kirchner. Siempre con el objetivo de apartar al juez de la causa iniciada tras una denuncia de la AFIP por supuesto desvío de $8.000 millones del impuesto a la transferencia a los combustibles que habrían sido usados por López y De Sousa para incrementar el pool de empresas de Indalo.

El pedido formulado por Aníbal Fernández frenó el proceso de venta de la refinería de Oil ubicada en la localidad santafesina de San Lorenzo y por la cual se presentaron siete interesados que adquirieron el pliego, de los cuales luego cinco desistieron de continuar en el proceso. Esto ocurrió, por ejemplo, con el grupo Guvnor S.A., señalada por Cristóbal López como el que efectuó una oferta por u$s385 millones en octubre de 2016.

Este entramado de denuncias frenó la decisión de Cosentino de continuar con la licitación pública nacional e Internacional para vender el negocio de OCSA en el marco del proceso que quiebra de la petrolera que lleva adelante desde principios de año. Los sobres de la licitación se debían abrir a fines de septiembre, pero se demoraron hasta que la recusación fuera analizada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones que lo hizo el viernes pasado y desestimó el pedido de Aníbal Fernández, abriendo de este modo nuevamente la puerta al proceso de venta de Oil.

Con este respaldo, el juez Cosentino organizó un encuentro hoy por la mañana con la presencia de los representantes legales de las dos empresas que presentaron ofertas por Oil. Es decir, YPF y la filial local del grupo holandés Trafigura. En la reunión también estuvieron presentes los síndicos de la petrolera designados por el juez Cosentino, y el abogado de la empresa, Javier Dubois.

En esa reunión, se procedió a la apertura de los sobres con las ofertas económicas que debían tener un precio base de u$s42,5 millones por el negocio de refinación de petróleo y comercialización de derivados del complejo de San Lorenzo de OCSA, además de la terminal fluvial, la planta de almacenamiento, la refinería y todos los derechos y obligaciones surgidos por contratos de explotación de la red de estaciones de servicio.

Según consta en el acta judicial, YPF ofertó u$s42,5 millones en sociedad con DAPSA. En tanto Trafigura, que en el país opera con la marca Puma de estaciones de servicio, propuso pagar u$s45 millones. Pero YPF hizo uso del derecho a igualar cualquier oferta que se presente por Oil tal como lo permiten los pliegos de la licitación. Sin embargo, la decisión obligó a Trafigura a aumentar su oferta hasta los u$s85 millones, cifra que también fue igualada por YPF. Una cifra lejana a los u$s102 millones que Cristóbal López pagó cuando le compró a Petrobras estos activos de la petrolera brasileña en la Argentina.

La puja hizo que el abogado de Oil, Javier Dubois, proponga que la disputa se mantenga siempre que Trafigura tuviese intenciones de presentar una nueva oferta.  De todos modos, los integrantes de la sindicatura a cargo de la administración judicial de Oil, aclararon que esto no era posible y que el fallo debía volcarse por la oferta de YPF. De todos modos, reconocieron que la puja podría ser “aspiracional para los intereses de la quiebra”, aunque aclararon que podría provocar un “ámbito de nulidad que llevaría a una situación espiral de la quiebra”.

Con estos antecedentes, el juez Cosentino rechazó el pedido de Dubois, teniendo en cuenta que también YPF y Dapsa se opusieron. De todos modos, el abogado de OCSA anticipó que interpondrá “los recursos pertinentes” para anular la decisión de entregar los activos de la petrolera a YPF. Mas allá de esta advertencia, el juez Cosentino dio por cerrado el encuentro adjudicando la licitación a YPF, tal como fue anticipado en varias oportunidades por Iprofesional.
De esta forma, la petrolera estatal pondrá en marcha un plan para reactivar la operatoria de OCSA, así como todl el negocio de refinación de petróleo y la comercialización de los derivados que la empresa lleva a cabo desde su complejo industrial de San Lorenzo.

También se hará cargo de la terminal fluvial, la planta de almacenamiento, la refinería y los derechos y obligaciones contractuales vinculadas con la explotación de su red de estaciones de servicio.

En cuanto el dinero recaudado por la licitación, le permitirá al juez Cosentino usarlo para reducir la deuda dejada por Oil en su proceso de quiebra, con una gran cantidad de acreedores.

Sin embargo, el principal acreedor sigue siendo la AFIP. El organismo fiscal reclama cerca de $15.000 millones en concepto de deuda a la petrolera que supo ser la nave insignia de Indalo y la que también llevó a prisión a Cristóbal López y Fabián De Sousa, acusados de haber desviado fondos por $8.000 millones de la petrolera par la compra de otros activos del ex holding kirchnerista.

Cosentino investiga las maniobras llevadas a cabo a través de Indalo para desviar fondos públicos a la compra de activos que finalmente le dieron forma al grupo empresario estrechamente vinculado a Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La causa llevó a los empresarios a la cárcel.En el caso de López, al penal de Ezeiza, mientras que De Sousa pasa sus días en Marcos Paz.

Ambos, se encuentran preparando sus defensas para declarar ante el juez Cosentino sobre las acusaciones en contra de ambos por el supuesto desvío de $8.000 millones que la petrolera Oil Combustibles debía girar a la AFIP por el cobro del impuesto a la transferencia a los combustibles (ITC), pero que en cambio se usaron para financiar la adquisición de compañías de varios sectores.

Iprofesional