Los productos carecían de la certificación del Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Por lo que podrían ser dañinos para la salud de las personas. La mercadería valuada en $16.000.000 fue secuestrada y la multa total podría alcanzar los $80.000.000. Asimismo, se presume fraude marcario en productos con inscripciones de marcas reconocidas como Stanley.

Los operativos fueron en Capital Federal y en Ciudad de Córdoba.

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP realizaron 25 operativos simultáneos en comercios del barrio porteño de Once y de la Ciudad de Córdoba. Los controles, llevados a cabo en el marco del artículo 123 del Código Aduanero, tenían como objetivo comprobar la legal tenencia y legítimo ingreso a plaza de la mercadería de origen extranjero. En total resultaron en el secuestro más de 500 termos en infracción.

Los agentes aduaneros solicitaron la debida documentación de las mercancías exhibidas a la venta y constataron numerosas infracciones. En concreto, la falta de estampillas fiscales —cuya presencia exige el artículo 986 del Código Aduanero— permitió presumir que habían sido importados en forma indebida. 

Por otro lado, cabe señalar que el uso de las mencionadas mercaderías en infracción supone el contacto directo con alimentos. En ese marco, la falta de certificación del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) —dependiente de la ANMAT— constituye una infracción adicional. El aval de dicho organismo requiere el estudio del material, sus contaminantes y el posible pasaje de sustancias no deseables a los alimentos. Así, dada su falta de certificación, podrían ser dañinos para la salud de las personas.

Asimismo, se cree haber detectado una abundancia de casos de fraude marcario en productos que llevaban inscripciones de marcas reconocidas como Stanley.

Durante los operativos, 14 en Ciudad de Buenos Aires y 11 en Córdoba, también se detectaron juguetes en infracción. Éstos también carecían de certificaciones de seguridad y de la documentación que respaldara su legítimo ingreso al país. Por todo ello, en el marco de los artículos 986 y 987 de la Ley 22.415, la Aduana procedió al secuestro de más de 500 productos en infracción, valuados en $16.000.000.

En definitiva, la multa total podría ser de hasta 5 veces del valor de la mercadería secuestrada —aproximadamente $80.000.000.