La Unión Obrera de la Construcción se declaró en estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras públicas y privadas del país.

En un comunicado, el gremio expuso que «la medida obedece a la pérdida de puestos de trabajo producto de la paralización de las obras públicas dispuesta por el gobierno nacional», y la «desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad».

En ese sentido, también apuntan a «la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del Poder Ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria», lanzaron para dar cuenta del escenario calamitoso que atraviesan.

La foto que pincelan, «se da en el marco de caída abrupta y generalizada de la actividad económica», lo cual hace que se agrave «nuestra industria por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo, ante una inflación sostenida que castiga particularmente a nuestros trabajadores y trabajadoras», exponen.

Sin ir más lejos, el sector revela cifras que dan cuenta del panorama desalentador que atraviesa: «En los dos últimos meses se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos, como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución» por parte de la órbita nacional, alertaron.

Tras dar un sinfín de argumentos, el gremio de la construcción aclaró que «la obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública».

Motivo por el cual, consideran «inaceptable» que la administración de Javier Milei «no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de Gobierno; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país», sentenciaron.