En medio de la crisis de seguridad que enfrenta la provincia de Santa Fe, el Gobierno nacional estableció una zona militar en la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”. La medida se oficializó a través del decreto 350/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.

Con esta medida, en la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán” – dedicada a la fabricación de munición y armamento para uso de las Fuerzas – las Fuerzas Armadas instrumentarán y dirigirán el adecuado empleo de los medios materiales que resulten necesarios para impedir y/o reprimir la comisión de todo delito en esta zona militar. Esto quedó establecido en el decreto publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.

Además, se instruyó al Ministerio de Defensa a adoptar las medidas que sean necesarias para brindar acompañamiento jurídico, patrocinio y la representación en juicio a todo personal que, cumpliendo con sus obligaciones en acto del servicio regulado, pudiera enfrentar un proceso judicial y/o administrativo.

En su considerando, el Gobierno alega que “todo atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar, independientemente de poner en forma primordial en peligro la aptitud defensiva de la Nación, constituye asimismo una vulneración a la seguridad interior, constituyendo una obligación primaria de la autoridad militar la preservación de la Fuerza Armada y el restablecimiento del orden dentro de la aludida jurisdicción y/ o en el ámbito territorial militar, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia”.

En ese sentido, justificó su decisión en la necesidad de garantizar la seguridad para proceder a la adecuada protección de la integridad física de las personas y del patrimonio del Estado.

El principal motivo del Ejecutivo para establecer esta zona militar es la crisis de seguridad que registra la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, capital del narcotráfico a nivel nacional. De hecho, la fábrica se encuentra a solo 20 kilómetros de la ciudad, que desde hace semanas es asediada por las bandas criminales que intentan instaurar el terror en las calles.

Las organizaciones narcocriminales iniciaron en marzo una acometida sangrienta contra el orden público, con asesinatos a sangre fría en plena vía pública. Las víctimas de esta ola de crímenes fueron colectiveros, taxistas y playeros.

El objetivo era que el gobernador Maximiliano Pullaro de marcha atrás con las medidas que implementó en las cárceles contra los presos de alto perfil. Incluso, en la escena del crimen los sicarios dejaron notas amenazantes, que advertían a Pullaro con que las muertes continuarán si insistía con sus políticas.

Por esto mismo, el Gobierno nacional dispuso el despliegue de las fuerzas federales de seguridad para colaborar con los trabajos para frenar el avance del narcotráfico. El Ejército fue convocado a apoyar con tareas de logísticas, tal como está previsto en la Constitución Nacional.

“Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y Cococcioni”, comienza diciendo el mensaje que dejaron luego de asesinar a Bruno Bussanich y continuaba: “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”.

“Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos ver a nuestros hijos y familia y se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto es para todos los presos, pabellones y cárcel”, sigue la nota amenazante del crimen organizado.

Las amenazas continuaron y los crímenes también. “Narco Pullaro. No te hagas el turro o te llueve plomo narcoprogresista”, indicaba un papel que dejaron en el centro de Rosario. Con respecto a los asesinatos, en los últimos dos días se registraron cuatro crimines, pero se desconoce si tienen alguna vinculación con las intenciones de las organizaciones de sembrar miedo o si existieron otros motivos detrás de cada uno de ellos.

(Con información de Infobae y Pregón)